El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó y declaró constitucional la figura de “superdelegados” creada por el Congreso de la Unión, por lo que los 32 “delegados del Bienestar” podrán seguir en el cargo y con las funciones encomendadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En la sesión del pasado martes, cinco ministros votaron en favor de validar el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (donde se estableció la figura de las delegaciones estatales) y cinco en contra. En favor de avalar la norma votaron los ministros Arturo Zaldívar; Yasmín Esquivel Mossa; Ana Margarita Ríos Farjat; Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez Potisek. En esa sesión no estuvo presente la ministra Loretta Ortiz debido a una comisión oficial.
Por tal motivo, en la sesión de este lunes 23 de mayo, la ministra Loretta Ortiz votó en favor de declarar la validez del artículo 17, donde establece que el Poder Ejecutivo Federal contará en las entidades federativas con las Delegaciones de Programas para el Desarrollo. Dicha norma fue impugnada por diversos senadores y diputados de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso de la Unión y por el partido Movimiento Ciudadano.
La ministra Ortiz, exdiputada federal del PT, defendió la figura de los delegados estatales, pues estimó que no transgrede el principio del federalismo, y argumentó que “su objetivo es eficientar (sic) el servicio público al estar adscritos jerárquicamente y orgánicamente a la Secretaría del Bienestar, y a su vez, bajo el mando de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, dependiente del Ejecutivo federal”.
En contraste, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá refrendó su postura del pasado martes, en el sentido de que la figura de delegados crea incertidumbre debido a sus facultades no claras, y por un riesgo al principio federalista en específico por sus atribuciones de atención ciudadana, lo que va en contra de las autoridades estatales. “Es una doble ventanilla en perjuicio de los gobernados”, advirtió, porque la ley no precisa los programas que tienen a su cargo.
En tanto, en la misma sesión, por siete votos en favor de los ministros, el pleno de la Corte declaró el sobreseimiento que dejó sin efectos la controversia constitucional promovida por el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, en contra de las reformas aprobadas por el Congreso a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, específicamente en el tema de superdelegados.
De esa forma, el gobierno federal podrá mantener a los 32 delegados del Bienestar, y con las mismas tareas que le fueron encomendadas por el presidente López Obrador a través de la Secretaría del Bienestar.
El artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que el Poder Ejecutivo Federal contará en las entidades federativas con las Delegaciones de Programas para el Desarrollo que tendrán a su cargo la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, la supervisión de los servicios y los programas a cargo de las dependencias y entidades, así como la supervisión de los programas que ejercen algún beneficio directo a la población.
Cabe destacar que gobernadores de oposición argumentaron en su momento que la intención del gobierno federal al nombrar los llamados “delegados del Bienestar” es promover perfiles políticos con el propósito de ser los candidatos de Morena a gobiernos estatales. En esa situación estuvieron Jaime Bonilla, quien luego de ser delegado fue nombrado candidato de Morena; Lorena Cuellar en Tlaxcala; y Juan Carlos Loera de la Rosa, entre otros
Información de El Economista
