Por Eduardo Tapia Romero
En los últimos años el término “smart city” agrupa las innovaciones que incorporan las ciudades para la gestión de sus retos cotidianos. En ellas, la tecnología toma el carácter de herramienta central en los espacios urbanos, donde ocurren múltiples dinámicas a la vez a un ritmo nunca visto. En este modelo, el acelerado flujo de la vida en las ciudades se traduce en procesos de datificación que, con el análisis adecuado, son útiles para definir comportamientos, anticipar riesgos y tomar decisiones.
Investigadores de la Universidad de San Galo, Suiza definen el término de “ciudad inteligente” como “aquella que aplica tecnologías digitales para reducir el uso de recursos, mejorar la calidad de vida de las personas e incrementar la competitividad de la economía regional de forma sostenible. Promueve el uso de soluciones inteligentes para infraestructura, energía, vivienda, movilidad, servicios y seguridad, basada en la integración de tecnología de sensores, conectividad, análisis de datos y procesos de valor agregado con funcionamiento autónomo” (Gassmann, Böhm y Palmié, 2019).
Como se puede observar, el adjetivo “smart” no es exclusivo del aspecto funcional de la infraestructura urbana, sino que involucra a los ciudadanos y su calidad de vida, sus rutinas, actividades productivas y relaciones sociales.
Aquí surge un punto central: la democratización de estas innovaciones. Los ciudadanos deben de jugar un rol activo en el uso de las tecnologías. El sociólogo Richard Sennett (2018) divide las ciudades inteligentes en dos modelos: ciudad inteligente prescriptiva y ciudad inteligente coordinadora. En la primera el habitante se siente observado, sofocado, objeto, dato. En la segunda el ciudadano conserva sus derechos, es protagonista, propone, es sujeto, se activa. La diferencia estriba en un diseño que sea flexible y permita la interacción, que no privilegie el control vertical y el orden, sino que promueva la participación horizontal y el diálogo a través de los medios tecnológicos.
Es difícil pensar que una ciudad pueda funcionar hoy en día sin un mínimo tecnológico. Hermosillo ha dado sus primeros pasos en esta materia con la digitalización de algunos trámites y pagos oficiales, la instalación de cámaras de videovigilancia, el uso de aplicaciones para solicitar servicios públicos, la sincronización de los semáforos, la tecnología de sensores en alumbrado público, el uso de redes sociales para la denuncia en seguridad pública, los procesos participativos de Gobierno Abierto a través de la web, entre otros.
La lista de los pendientes es larga, las prioridades están claras: movilidad, seguridad y calidad de vida. Es posible y necesario implementar un sistema de transporte público eficiente, sincronizado, puntual, movido con energías limpias. Es posible y necesario generar datos que permitan, a través de una labor de inteligencia y con aportes ciudadanos, una mejor gestión de la seguridad pública en el municipio. Es posible y necesario monitorear la calidad del aire, el tránsito vehicular, entre otros temas, con sistemas de sensores instalados en zonas estratégicas, solamente por poner algunos ejemplos.
Por último, considero que debemos de desterrar el falso dilema de invertir en tecnología o solucionar las urgencias del presente. En primer lugar, no es indispensable una súper inversión, es posible capitalizar lo ya existente: los ciudadanos tienen un alto índice de acceso a dispositivos tecnológicos con conectividad a internet. En segundo lugar, cada peso bien destinado en el marco de un plan integral y estratégico representa soluciones a largo plazo para resolver definitivamente las demandas, no solamente para apagar fuegos. En tercer lugar, el tamaño de los retos no nos brinda alternativas: las crisis actuales y venideras nos exigen ingeniar soluciones con todas las herramientas posibles.
El autor es Profesor del ITESM Campus Sonora Norte y Miembro de la Mesa sobre Buen Gobierno y Participación Cívica de HCV.
