La semana pasada me disponía a escribir sobre la polémica suscitada entre el Gobierno Federal (GF) y el Instituto Nacional Electoral (INE), pero encontrándose en su punto más álgido preferí esperar a que se calmaran las aguas a fin de argumentar, tan objetivamente como sea posible y lo permitan los hechos acontecidos, porqué considero esta discusión la más ejemplar y estratégica del sexenio.
Han marcado esta historia de desencuentros las actitudes discriminatorias manifestadas por Lorenzo Córdova en contra de grupos indígenas, el sueldo que perciben los consejeros electorales, la cantidad de asesores a su cargo, la negativa para aplicar normas de austeridad, la parcialidad y sesgo arbitral, el empleo del Consejo General de manera unipersonal y plenipotenciaria por parte de su Presidente, los “litigios estratégicos” promovidos vs. Gobierno, las candidaturas gubernamentales que torpedearon el año anterior y un largo etcétera de politiquería palaciega que ignoramos.
Derivado de esa retahíla de conductas registradas en medios públicos y constatables, lo menos que podemos argumentar a favor del INE y su Consejero Presidente es su talante democrático, al que sus defensores esencialistas les gusta recurrir como si se tratara de un concepto inmutable.
Aunado a lo anterior se mezclan numerosos aspectos y detalles de carácter jurídico en materia penal, administrativa, constitucional, procesal, laboral, y de carácter normativo referido a la ética y los usos y costumbres de un ambiente profesional, en este caso el Servicio Público y el carácter político que le imprime el profesionista en el ejercicio de sus funciones.
Son estos aspectos los que el Consejero Córdova descuidó al momento de implementar su estrategia y que, a mi parecer, el Gobierno tenía previsto que realizara. En “A la mitad del camino”, cuenta López Obrador que una de las primeras encomiendas para la actual Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, consistió en que investigara el estado que guardaban los centros de Prevención y Readaptación Social. En la primera reunión de gabinete a la que la Secretaria asistió, tuvo que aceptar que la tarea le llevaría tiempo, debido a que el área administrativa del sistema penitenciario se negaba a proporcionar los contratos en su poder, aduciendo que eran de seguridad nacional.
Sirve traer a colación que hace unos meses también hubo una polémica llevada a Tribunales por parte del INAI, debido a un acuerdo que el Presidente había publicado refiriendo que la información de todas las obras emblemáticas de su gobierno debían ser declaradas como de seguridad nacional. Posteriormente la Corte desechó el asunto y los ánimos se calmaron, pero es importante denotar cómo actúa el Presidente: con la Ley en la mano.
Así pues, es importante considerar la supuesta denuncia penal que el diputado Gutiérrez Luna interpuso en contra de los consejeros que votaron a favor de entorpecer el procedimiento para la realización de la revocación de mandato, argumentando que se está configurando el delito de coalición de servidores públicos, que se investiga de oficio.
El Código Penal Federal define este delito como aquél que cometen los servidores públicos “que teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley o reglamento, impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas”, por lo que también es de preocupar las manifestaciones que algunos consejeros han hecho en medios públicos, en el sentido de que si la consulta no se lleva a cabo, no será su responsabilidad.
Concluyo con esto. Pública e históricamente se ha dicho que la política electoral se encuentra en buenas manos porque el INE es un organismo autónomo e independiente que debe pervivir para garantizar la democracia y su buen funcionamiento. Pues bien, de acuerdo al artículo 29 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el INE también goza de personalidad jurídica y patrimonio propios.
Si bien es cierto que la Cámara de Diputados no le concedió al Instituto el presupuesto que solicitaba, y al parecer la Secretaría de Hacienda no les concederá la ampliación, creo que hay razones suficientes para que el Instituto, al ser un organismo autónomo con patrimonio propio, y a decir de las declaraciones de los consejeros Córdova y Murayama, ninguna Dependencia de la Administración Pública Federal puede cuadrar sus finanzas porque desconocen el tema, entonces para cumplir con el principio de legalidad y no encontrarse en riesgo de incurrir en probables responsabilidades administrativas, o el delito de coalición de servidores públicos, es su Consejo General quien tiene la responsabilidad y compromiso ético de cuadrar las cuentas para que la revocación de mandato salga a pedir de boca.
