De acuerdo con la investigación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sobre la detención y el fallecimiento de José Eduardo en Mérida, Yucatán, el organismo acreditó que fue detenido ilegalmente, y que el actuar de los policías fue excesivo. Esto, pese a que la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó que el joven había fallecido por neumonía, y que no había sido torturado.
A través de un comunicado, la CNDH señaló que “contó con elementos suficientes para acreditar violaciones graves a derechos humanos a la vida, libertad e integridad personal y seguridad jurídica, con motivo de la retención ilegal y uso excesivo de la fuerza que derivó en tortura y como consecuencia la privación de la vida de la víctima”.
El organismo inició la investigación del caso, luego de que en agosto de 2021 recibió la queja formulada por una persona defensora de derechos humanos, en la que señaló que el 21 de julio, policías municipales de Mérida detuvieron a José Eduard cuando caminaba por el Centro Histórico y lo trasladaron a la comandancia, donde fue torturado.
“Ante la gravedad de los hechos difundidos en medios de comunicación, las diversas declaraciones públicas realizadas por autoridades estatales y municipales, aunado a que el presente asunto trascendió en la opinión pública nacional, este organismo ejerció la facultad de atracción para investigar las presuntas violaciones a derechos humanos”, puntualizó.
Agregó que “considera que al FGR, atendiendo a la facultad de atracción que ejerció en la investigación y persecución de los delitos, deberá continuar con la investigación a efecto de que sea la autoridad jurisdiccional competente la que determine bajo sentencia, si fuera el caso, la pena correspondiente de los responsables”.
En la Recomendación 50VG/2022, dirigida al fiscal general de Justicia del estado de Yucatán y a la presidenta municipal de Mérida, la CNDH pidió que se continúe con la investigación del homicidio y el probable abuso sexual cometido en agravio del joven.
Asimismo, llevar a cabo, en un periodo no mayor a 6 meses, un diagnóstico respecto del estado que guardan las carpetas de investigación en las que se encuentran involucrados elementos de la Policía a Municipal de Mérida en la comisión de conductas delictivas, a efecto de que se implementen las medidas necesarias para que sean debidamente integradas y determinadas.
Al presidente municipal de Mérida, Yucatán le solicitó ofrecer una disculpa pública institucional a los familiares directos de la víctima, con motivo de las violaciones graves a derechos humanos cometidas en su agravio y que se otorgue a la madre de la víctima la reparación integral del daño.
En octubre pasado, la FGR presentó las conclusiones periciales del caso, y determinó que José Eduardo no fue torturado ni sufrió violación durante su arresto, y que la causa de su fallecimiento fue por neumonía.
La dependencia aseguró que se analizaron las videograbaciones desde el momento de su detención hasta su llegada a la cárcel y estancia, y que en ellos “no se advierte violación a los derechos humanos o comisión de algún delito. Solo se advierten maniobras de sujeción respecto de la persona que se resiste al arresto”.
