“Servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable” (Cicerón).
Asombra, por decir lo menos, que exista un “cartel inmobiliario” en Sonora donde los personajes señalados como presuntos implicados son funcionarios de la fiscalía estatal, del notariado, del ICRESON, entre otros relacionados con la función pública, según denuncia el abogado Héctor Contreras (https://youtu.be/_NPbIvrWfhY), expresidente de la Barra Sonorense de Abogados, y confirma el periodista Feliciano Guirado, en calidad de víctima (https://youtu.be/WkU4mU3Q4T4).
Imagínese: en el despojo patrimonial están implicado algunos notarios que dan por válidas operaciones de compra-venta de terrenos y casas alterando los títulos de propiedad y despojando a los legítimos propietarios que, sin darse cuenta, habían dejado de serlo.
Hay dedos que apuntan a la exgobernadora Claudia Pavlovich, al vicefiscal Bustamante y a una red cuya existencia está siendo revelada públicamente y que el propio abogado Contreras había hecho del conocimiento de la titular de la Fiscalía estatal.
Por su parte, al analizar la situación del registro público, el expresidente del Colegio de Notarios, Luis Rubén Montes de Oca, señala que se carece de recursos para tener un control efectivo de los expedientes y por ello se viola la ley.
Los archivos del registro público no son seguros, de suerte que cualquier vivales puede meter mano en perjuicio de los usuarios, y propone la digitalización y un folio único en los expedientes; asimismo, que el Estado tome el control del registro público y que aporte recursos para fortalecer la seguridad jurídica de las personas, con lo que acabaría el llamado cártel inmobiliario (https://youtu.be/lDkiuV7nYAY).
Por lo que se ve, en Sonora la actividad delictiva se toma como si fuera lo más natural entre los miembros de ciertas familias “poderosas” y bien portadas, aquellas que son frecuentes en los circulo de la gente bonita, de los empoderados de abolengo, de quienes representan intereses que pesan política y económicamente en la entidad y quienes han remodelado la fisonomía urbana de Hermosillo y otras ciudades.
La podredumbre de una sociedad anclada en la corrupción y el juego de apariencias empieza a oler demasiado fuerte como para echarle algo de tierra y así distraer la capacidad olfativa de una ciudadanía dispuesta al cambio.
Cabe recordar, entre muchos otros eventos, las trapacerías que durante el gobierno de Bours estallaron dramáticamente en el incendio de la guardería ABC, la venta de infantes expuestas durante el gobierno de Padrés, más el desorden financiero y el desfondo del Isssteson ventilados durante el gobierno de Pavlovich, lanzados como balas de salva que sacudieron los oídos de la ciudadanía pero que hasta la fecha parecen caminar demasiado lento rumbo a su judicialización.
Cada día se ve como mayor claridad que el Poder Judicial padece de anemia, de amnesia selectiva, de reumatismo severo que se ve apenas sobado por el Ejecutivo en turno, a nivel de denuncia protocolaria, de publicidad y transparencia filtrada por el cristal empañado de las complicidades y la cadena de corrupción que configura delincuencia organizada.
¿Diez mil expedientes durmiendo el sueño de los justos durante cuatro, cinco o más años? ¿Conservación de expedientes en papel, deteriorándose y estando expuestos a manipulaciones dolosas? ¿Negocios privados a la sombra del poder público? ¿Despachos de abogados y notarios cómplices de despojo inmobiliario?
Signos evidentes de que Sonora ha estado gobernada por una cleptocracia glamorosa, discursiva, exhibicionista de virtudes ausentes, en espera de que el ojo público la ubique, analice y se finquen responsabilidades legales, porque la impunidad en una sociedad que exige honestidad es una de las cosas que no se entienden.
José Darío Arredondo López
