Tras la derrota de Morena en la Ciudad de México, al perder 11 de 16 alcaldías, desde el gobierno central se echó a andar una estrategia para ahorcar a los alcaldes entrantes para restarle funciones a las alcaldías y atribuírselas a la administración capitalina.
De esa forma se busca desde el Ayuntamiento poner contra las cuerdas a la unión de alcaldes opositores y contrarrestar su crecimiento y aceptación en sus territorios y en los que arrebató a Morena.
Los artífices de todas las operaciones, a través de la mayoría legislativa, están en intensos cabildeos con diputados de su partido y de la oposición en busca de sacar adelante un periodo extraordinario para modificar la Constitución local y establecer nuevas formas de gobernabilidad de las alcaldías.
La propuesta más reciente, y que la mayoría de Morena busca aprobar, es la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la capital, para ponerle candados a las alcaldías y que no usen identificadores en los cuerpos de seguridad adscritos a la demarcación, así como uniformar y homogenizar con un solo identificador a los policías de la ciudad y a las unidades en que se mueven, lo cual representaría una violación a la autonomía de las alcaldías.
La forma en la que operan actualmente los cuerpos de seguridad, cada demarcación con su propio distintivo, es para establecer tramos delimitados de responsabilidad y vigilancia presencial y para la debida identificación de las personas, familias y comunidades vecinales que residen en ellas, como Blindar en Benito Juárez, programa que ha probado tener éxito y al que buscan ponerle un freno.
Esto luego de que los alcaldes electos de oposición revelaron que la seguridad será una de las prioridades de sus planes de gobierno, y que para ello se preveía apostar a la tecnología y a la policía de proximidad, como en la alcaldía Benito Juárez, gobernada por el PAN, donde se han logrado reducir los delitos.
Ya habíamos visto esta operación central para buscar ahorcar a las alcaldías, pues los funcionarios en activo podrán decidir sobre dos mil 816 millones de pesos del presupuesto participativo 2020, gracias a una reforma propuesta desde el Ayuntamiento, la cual fue publicada en la gaceta oficial el pasado 18 de agosto.
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Uppercut: No son las únicas reformas que le urgen a Morena sacar adelante para inhabilitar a sus opositores, hay más en diversas materias, como la Ley de Publicidad Exterior. Parecen ocurrencias desesperadas con el fin de aplastar a las alcaldías en manos del PRI-PAN-PRD. Las demarcaciones ya no tendrán autorización en lo que respecta a la instalación de anuncios en la vía pública, construcciones y edificaciones, así como la facultad de verificar e imponer sanciones en materia de anuncios. Las facultades desmedidas de ese y otros propósitos recaería en el gobierno central.