Ciudad de México, 4 de agosto (SinEmbargo).– La Asociación Industrial del Comercio de las Armas (NSSF, por sus siglas en inglés) negó las acusaciones hechas por México en la demanda que interpuso por comercio negligente, toda vez que aseguró que son “falsas”.
Este viernes, México presentó una demanda contra empresas fabricantes de armas de fuego en los Estados Unidos por promover prácticas comerciales, “negligentes e ilícitas” que ocasionan problemas en el país.
En respuesta, el vicepresidente y asesor jurídico de la NSSF, Lawrence Keane, aseguró que: “El gobierno mexicano es responsable por el crimen rampante y la corrupción en sus fronteras. La actividad criminal en México es un resultado directo del tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y los cárteles del crimen organizado. Son estos cárteles los que hacen un uso indebido delictivo de armas de fuego importadas ilegalmente a México o robadas al Ejército mexicano y a las fuerzas del orden público. En lugar de buscar el chivo expiatorio en las empresas estadunidenses que respetan la ley, las autoridades mexicanas deben concentrar sus esfuerzos en llevar a los cárteles ante la justicia”.
El litigio se presentó ante una corte federal en Boston (Massachusetts) en contra de los fabricantes de armas, entre ellas Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock, Ruger y Barrett.
El Juez deberá determinar el monto de la compensación que solicitó México durante el juicio.
Por su parte, el Canciller Marcelo Ebrard detalló que tomó dos años “organizar la acción legal que pudiera tener éxito y que fuera factible en los Estados Unidos en contra de quienes producen las armas íntimamente vinculadas con la violencia que vive México”. Asimismo, dijo que México “no busca interferir en la política de Estados Unidos relacionada a las armas”.
En un comunicado, la NSSF argumentó que menos del 12 por ciento de las armas decomisadas en México en 2008 provinieron de Estados Unidos. De las aproximadamente 30 mil armas que se confiscaron durante ese año, indicó la asociación, solo se solicitó a las autoridades estadounidenses rastrear siete mil 200 de ellas, de las cuales se comprobó que alrededor de la mitad fueron enviadas desde EU.
“Además, el Gobierno de Estados Unidos vende armas de fuego directamente al Gobierno mexicano. Los soldados mexicanos siguen desertando para enlistarse en cárteles de droga y se llevan sus rifles de servicio hechos en EU. En los años más recientes, el número de deserciones ha incrementado a más de 150 mil. De acuerdo con información del Gobierno estadounidense, las armas más letales utilizados por cárteles mexicanos provinieron de Centroamérica”, criticó la asociación en el comunicado.
Por medio de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) advirtió que las empresas demandadas y la industria de comercio de armas en Estados Unidos “tratarán de deslindarse de cualquier responsabilidad en el tráfico ilícito de sus armas a México y de los daños que estas ocasionan”
En contraste con la información compartida por la asociación estadounidense, la dependencia mexicana aseguró que entre el 70 y el 90 por ciento de las armas recuperadas en escenas del crimen en el país fueron traficadas desde Estados Unidos.
“Los demandados diseñan, comercializan, distribuyen y venden armas de forma que saben que arman a los cárteles de la droga en México. Los demandados utilizan traficantes de armas imprudentes y corruptos, y prácticas de venta peligrosas e ilegales con las que cuentan los cárteles para conseguir sus armas. Los demandados diseñan estas armas para que sean fácilmente modificadas para disparar automáticamente y para que sean fácilmente transferibles en al mercado criminal. Los Demandados saben cómo fabricar y vender sus armas para evitar este comercio ilegal; el Gobierno de Estados Unidos y la corte de Estados Unidos les dijeron cómo hacerlo. Los Demandados desafían esas recomendaciones, y muchas otras, y en su lugar eligen continuar abasteciendo el mercado criminal de armas en México —porque se benefician de él”, denunció la SRE.
Recordó, además, que la demanda no está en contra del comercio de armas, sino pide que se haga de manera responsable y con prácticas comerciales más estrictas.
“En el litigio se probará que las empresas demandadas incurren en prácticas ilícitas y negligentes. La Corte conocerá los hechos y las evidencias, no los mensajes superficiales que pretenden legitimar su enriquecimiento desmedido a costa de la muerte de cientos de personas”, aseveró.
