CIUDAD DEL VATICANO (AP) — Diez acusados, entre ellos un cardenal otrora poderoso, fueron a juicio el martes entre los muros imponentes del Vaticano, en un caso de presunta malversación criminal de la cartera de bienes de la Santa Sede, incluyendo innumerables donaciones de católicos en las iglesias.
Uno de los acusados es el prelado italiano Angelo Becciu, un veterano diplomático a quien el Papa Francisco elevó al cardenalato en 2018. Tras una serie de escándalos que salieron a la luz durante dos años de investigaciones, el año pasado Francisco cesó a Becciu como jefe de la oficina de canonización. Sin esperar el veredicto del tribunal, Francisco ha despojado a Becciu de sus derechos como cardenal.
Hace menos de tres meses hubiera sido imposible juzgar a un cardenal dentro de la ciudad-Estado del Vaticano, que tiene su propio sistema judicial e incluso una cárcel. Pero Francisco enmendó una ley vaticana para que los cardenales y obispos puedan ser juzgados por el tribunal criminal de la Santa Sede si el pontífice lo aprueba. Anteriormente los cardenales en el Vaticano sólo podían ser juzgado por un tribunal de sus pares.
Becciu, de 73 años, está acusado de malversación y de presionar a un sacerdote para que se retracte de la información que brindó a los fiscales acerca del manejo desastroso de una inversión inmobiliaria del Vaticano en Londres. Becciu niega haber cometido delito alguno.
Los fiscales presentaron un acta de acusación de casi 500 páginas a principios de julio y posteriormente unas 30 mil páginas de documentación complementaria.
Los abogados defensores dicen que no han tenido tiempo suficiente para estudiar el material.
El presidente del tribunal, Juez Giuseppe Pignatone, es un fiscal romano retirado que en etapas anteriores de su carrera enfrentó a la Mafia y delitos económicos en Sicilia.
El juicio criminal más grande de la historia moderna del Vaticano se desarrolla en una gran sala dentro de los Museos Vaticanos.
Un grupo de periodistas acreditados puede asistir a las sesiones de la corte, pero no pueden enviar información hasta que finaliza la audiencia del día.
Se alega que los acusados a través de sus actos le costaron a la Santa Sede decenas de millones de dólares en fondos donados a través de malas inversiones, transacciones con gestores turbios y supuestos favores a amigos y familiares.
Una transacción en Londres aprobada por la Secretaría de Estado vaticana ocupa un lugar prominente en la acusación. Se invirtieron inicialmente 200 millones de euros (ahora 240 millones) en un fondo operado por un empresario italiano. La mitad de esos fondos fueron para una empresa inmobiliaria en el barrio de clase alta de Chelsea, una inversión que llegó a sumar 350 millones de euros. Para 2018, la inversión original perdía dinero y el Vaticano buscaba desesperadamente una salida.
Entre los acusados se encentra Cecilia Marogna, a quien Becciu contrató como consultora externa de seguridad. Los fiscales la acusan de malversar 575 mil euros que Becciu autorizó para usar como rescate de rehenes católicos en diversas partes del mundo. Marogna ha dicho que el monto en las facturas que presentó fueron en parte para reembolsar sus gastos y el resto para su remuneración.
