Con el proceso electoral del pasado 6 de junio aún inconcluso, el Instituto Nacional Electoral (INE) se alista para realizar la consulta popular del próximo 1 de agosto en la que se preguntará a los ciudadanos si se debe o no investigar y enjuiciar a los actores del pasado, mejor conocida como juicio a expresidentes.
Con escasos recursos para su ejecución luego de que la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público negaran la ampliación presupuestal de mil 499 millones 392 mil 669 pesos que el organismo electoral solicitó, el INE realizará el ejercicio ciudadano el primer domingo de agosto.
Para ello, y con estándares mínimos de seguridad, el INE aprobó el pasado 2 de junio el diseño y la impresión de la papeleta, plantilla braille y el sello de la boleta que los ciudadanos marcarán el día de la consulta con dos opciones para su respuesta “si” y “no”.
El anverso de la papeleta, tamaño medio carta, contiene la pregunta :
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?” y en la parte posterior se incorpora la descripción del tema de trascendencia nacional de conformidad a la ley en la materia.
Aunque el INE tenía previsto la instalación de 102 mil casillas para el día de la consulta, debido a la falta de presupuesto, únicamente se instalarán 50 mil, detalló el presidente del INE, Lorenzo Córdova en entrevista para Heraldo.
“(No nos dieron presupuesto) La presidencia (de la República) solicitó la consulta y la Secretaría de Hacienda no nos dio dinero, nos dijo ‘háganlo con lo que tienen’, las cámaras convocaron a la consulta y no asignaron un solo peso en el presupuesto de este año para que se hiciera, la Suprema Corte de Justicia avaló la pregunta, la modificó… así que hemos venido haciendo ahorros, cancelando proyectos…”, explicó.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró infundada la controversia constitucional que presentó el Instituto Nacional Electoral (INE) por la falta de presupuesto para realizar la consulta que plantea enjuiciar a actores políticos del pasado.
Esto significa que el INE debe realizar el ejercicio de participación ciudadana con el presupuesto que tiene asignado y sin que tenga que recibir más recursos.
El INE consideró que el Congreso violó su autonomía constitucional y presupuestaria al no darle recursos necesarios y suficientes para el ejercicio de participación ciudadana.
Información de heraldodemexico.com.mx
