Comenté anteriormente que la polémica en que se vio envuelta la Auditoría Superior de la Federación era, bajo cierto enfoque analítico, equiparable a las de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, y de Félix Salgado Macedonio, candidato a la gubernatura de Guerrero.
Intentaré exponer cuáles son las características que, a juicio propio, los tres casos comparten, a fin de estar en posibilidad de formular una hipótesis sobre las consecuencias o desenlace que tendrán estos últimos casos.
Lo más importante a destacar es que corresponde al ámbito judicial dirimir ambos casos, pues las acusaciones que penden sobre los dos políticos están relacionados con delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y abuso o agresiones sexuales; temas en los que la última palabra la tienen los jueces y magistrados.
Quiérase o no, ambos asuntos son de carácter penal y los poderes ejecutivo y legislativo, de carácter federal o estatal, no tienen jurisdicción para resolver de fondo. Siendo este el caso, consintamos que el meollo de los asuntos solo puede ser resuelto por medios legales y jurídicos.
Lo anterior no significa que los actores políticos involucrados no busquen politizar el tema, de hecho, en el caso de Cabeza de Vaca, la obligación de realizar un juicio de procedencia ante la Cámara de Diputados para poder ejercer la acción penal es en sí mismo una politización institucionalizada o procedimental, por llamarla de alguna forma. No sucede igual con Salgado Macedonio, donde las denuncias y exigencias se hicieron presentes una vez que el guerrerense tuvo afianzada la candidatura y dio origen a la frase “Presidente, rompa el pacto”, como si fuese esencialmente un problema de índole político.
Empero, ambos casos son problemas de carácter jurídico penal, no políticos ni de responsabilidades administrativas, pero si nos empeñamos en responsabilizar a otros actores, como al presidente, por lo que hace o no un tercer sujeto, los resultados que vamos a obtener son previsibles .
En el caso de Félix Salgado Macedonio podemos observar cómo MORENA resolvió de la manera más rápida y sencilla posible dicho problema. Quienes están en desacuerdo con la candidatura del actual legislador, han cometido el error estratégico de repetir a diestra y siniestra que Salgado es un “presunto” violador.
De entrada esto implica que no les consta que haya cometido los actos de los cuales se le acusa, pero si deciden prescindir del adjetivo, entonces tendrían que exhibir pruebas contundentes de su delito. Más allá de la opinión que decidamos tener sobre Macedonio, si la población guerrerense decide apoyarlo, no hay mucho que hacer, pues si el problema es político y consiste en un “pacto patriarcal”, se estaría evidenciando que la sociedad guerrerense no tiene ningún interés en romper el supuesto “pacto”.
Es decir, si deseamos juzgar el caso desde el ámbito político, las instancias que tienen la última palabra son, en el orden jurídico, las autoridades ante las que se hayan interpuesto las denuncias, y en el campo de la opinión pública, el pueblo guerrerense.
Exactamente lo mismo sucede con Cabeza de Vaca; el problema es judicial pero el actual gobernador cree que si convierte el conflicto en uno de orden político, entonces puede salvar el pellejo. Esto no es así, por lo menos no en los tiempos que corren.
Puede suceder que por el momento el gobernador salga ileso y pueda estarse tranquilo hasta que concluya su mandato, sin embargo, el Congreso local tuvo que realizar una enmienda a la Constitución estatal a fin de que sea esta institución colegiada la que le salve el pellejo. Aunque es cierto que en el futuro estaría obligado a pagar ese favor invaluable, tanto los legisladores como el Partido al que pertenecen se verán afectados (aún más) en su prestigio.
La afectación en el prestigio podrá sonar a poca cosa, incluso algunos académicos desacreditaron las pretensiones de la Fiscalía por haber presentado una solicitud de procedencia al Congreso federal, pues dicen que solo habría consecuencias penales si el Congreso local lo permite. A lo mejor es cierto, de hecho tendría razón lo señalado por Albert Hirschman en su obra “Retóricas de la intransigencia”, en la que esgrime que uno de las tácticas a las que recurren las fuerzas conservadoras es la de argumentar la “tesis de la futilidad”, es decir, que no tiene caso hacer las cosas porque no sirven de nada.
Pero una vez más, si el problema es político y no jurídico, entonces serán los ciudadanos tamaulipecos -y también nacionales, como en el caso de Salgado Macedonio- quienes deberán romper el pacto.
