“Hechos, no palabras”
Frase latina
Jorge Larrea, el bien fondeado empresario de las minas y el transporte, acaba de añadir una raya más a su piel de tigre tras el accidente ferroviario donde se derramaron 59 mil litros de hidrosulfuro de sodio en Naco, Sonora, sustancia tóxica que se suma a los 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado vertidos por Buenavista del Cobre hacia los ríos Sonora y Bacanuchi en 2014.
Como queda claro, al rollizo empresario se le da bien eso de verter sustancias tóxicas en tierras, aguas y ambiente sonorense, sin que el temor de la acción legal pase de una “inspección” o un acuerdo federal y estatal cuyo cumplimiento se escribe y se firma en el agua puerca de las complicidades y complacencias público-privadas.
Después de todo, el país necesita recibir inversiones que generen empleos y que derramen tanto contaminación ambiental como empleos exiguos y pretextos escenográficos para las fotos de la integración norte-sur.
En este marco, hablar de sanciones y de retirar la concesión minera por daños a personas, animales o cosas es un tema que se evita, porque puede preocupar a los inversionistas extranjeros interesados en burlar las leyes y procedimientos que en sus países estarían obligados a cumplir por respeto a la calidad del ambiente y la vida de sus conciudadanos. Cabe recordar que la laxitud genera confianza, atrae recursos y asociaciones estratégicas.
El hecho de que hayan pasado 12 años desde el derrame tóxico que cambió la vida de ocho pueblos del río de Sonora sin consecuencias legales resarcitorias, demuestra que el poder de los gobiernos (activos o residualmente neoliberales) sirve para detener o retrasar procedimientos, redactar informes y publicar historias donde el “ya merito”, se combina con el “no es para tanto” y el anuncio de “un acuerdo”, en un acomodo de piezas que casi hace aparecer a las víctimas como los culpables del desastre económico y ambiental perpetrado.
Así pues, la justicia puede relativizarse (en aras de la buena relación del capital nacional y extranjero) con las trasnacionales habilidosas en el uso y abuso del traspatio, en este caso fronterizo y prometedor de mil y una aventuras extractivas y de ocupación territorial estratégica.
Tenemos un territorio enorme cargado de promesas mineras y costeras cuya situación geográfica da pie a la acción intervencionista, al abrir los puertos y costas a la inversión en gaseras, fertilizantes y la operación del patio de maniobras logísticas y energéticas, así como puestos de avanzada maquiladora y comercial y, sobre todo, áreas de laxitud normativa, modorra institucional y una idea bastante difusa de la soberanía nacional, además de la facilidad de pasarse por el forro el contenido del artículo 27 constitucional y la legislación relativa a la seguridad nacional.
Las autoridades se han dedicado a “vender” Sonora, como si fuera un pedazo de pastel que sólo los paladares extranjeros pueden disfrutar a cabalidad y digerirlo de manera profesional. Si hablamos de iniciativa privada, es claro que no nos referimos al empresariado local y regional, sino a las trasnacionales que reclutan y dan de comer al cipayo nacional que finge ser emprendedor y capitán de industria.
Lo que resulta curioso y revelador es que, desde los tiempos del Salinato, la dimensión política de territorio se ha ido diluyendo hasta quedar reducida a una expresión empresarial o, si le apuramos, geopolítica en el contexto de la expansión de tal o cual hegemonía, en este caso anglosajona y sionista.
Pero cabría considerar que “no tiene tanto la culpa el indio sino el que lo hace compadre”, en el sentido de que, en una relación vertical-descendente, el polo del capital está por encima del que corresponde al simple operador local (político o empresarial) en un sistema global de dominación y subordinación. Aquí cabe decir que las gallinas de arriba cagan a las de abajo.
También es claro que los empleados del sistema lo van a defender porque les da sentido y justificación, y porque el dinero en cuenta corriente tiene más peso moral que las estrofas del Himno Nacional.
En este contexto, el apoyo a proyectos extractivistas y nocivos para el ambiente (Puerto Libertad, Guaymas, Topolobampo, la Huasteca Potosina…) sólo revela el grado de dependencia y subordinación de las autoridades a intereses cuyo impacto acaba con la biodiversidad y las actividades productivas primarias de la población ribereña y costera, a cambio de migajas de empleo e ingreso. De iniciativa y producción nacional, nadita de nada, aunque al nombre de cada iniciativa se le ponga “México”.
Finalmente, el descarrilamiento del tren de Larrea y su probable inocuidad legal, además del derrame del 2014, recuerda (entre otros) el accidente de Pasta de Conchos, y subraya cómo el gobierno se ha empeñado en componer la plana del depredador, a pesar de las muchas y reiteradas faltas de ortografía que contiene y la repulsión que su recuerdo produce.
La carrera por aumentar las inversiones extranjeras no debiera ser más importante que la de fortalecer el aparato productivo, la capacidad de sustituir importaciones, fortalecer el mercado interno, el empleo y el ahorro nacional.
De la fortaleza del aparato productivo y la diversificación del mercado depende la solidez de las instituciones, la moneda y la credibilidad del discurso sobre la soberanía. Sin embargo, celebramos los “avances del T-MEC” y nos resistimos a dejar de ser lo que somos: el traspatio maquilador y logístico del imperio.
