Tijuana, 21 de enero (Zeta).- La Fiscalía General del Estado de Baja California ubicó en la calle Artículo Número 3, esquina con Calle Emiliano Zapata del Ejido Maclovio Rojas, Delegación Presa Rural, un terreno donde fueron encontrados 13 cuerpos y/o restos humanos en ocho días.
“Aun sin investigación, es lógico que se trata de víctimas de la pugna por la venta de droga en las calles en la Zona Este de la ciudad. Y ciertamente los restos deben corresponder a las personas reportadas como desaparecidas. De acuerdo con las versiones de los delincuentes detenidos en fechas recientes, en esa zona, el control del CJNG está predominando, y es la gente de Jalisco la que está optando por privar de la libertad a sus víctimas o competidores, torturarlos, matarlos y enterrarlos. Su idea es no jalar la atención de los operativos, y tratar de mantener lejos a las policías”, explicó a Zeta uno de los integrantes de las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad.
Sin embargo, elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI) refirieron que aún no es momento de deslindar a los operadores de los cárteles Arellano Félix (CAF) y de Sinaloa (CDS) que delinquen en la zona.
A la fecha, ninguna de las 13 carpetas iniciadas, una por cada osamenta, resto o cadáver humano localizado entre el martes 5 y el miércoles 12 de enero en el mismo terreno en Tijuana, contiene información de los presuntos responsables.
De hecho, debido al estado de descomposición de los cuerpos, solo en tres de ellos los médicos forenses han podido determinar una “posible” causa de muerte: uno por herida de arma de fuego y dos por estrangulamiento.
El tiempo que los criminales tenían usando el predio como tiradero de cadáveres, tampoco se ha determinado. Por la descomposición de los cuerpos, las autoridades consideran mínimo seis meses. Pero los buscadores estiman que es más de un año, ya que la llamada que llevó a los familiares de desparecidos del colectivo Una Nación Buscando T, fue para referir que en ese punto podrían localizar los restos de un joven con residencia en La Morita, colonia ubicada también en la delegación La Presa, que tenía 27 años y fue reportado como desaparecido en enero de 2020.
En el predio también localizaron cobijas, cuerdas, una credencial para votar y una licencia. Familiares de desaparecidos de esa delegación, se han acercado para verificar si alguno de los restos pertenece a su consanguíneo perdido.
Datos en poder de las autoridades de las Mesas de Coordinación, refieren que la cabeza del CJNG en La Presa y Zona Este, es Rodolfo López Arellano “Cabo 30” y/o “Solecito” desde agosto de 2019, cuando Ricardo Antonio Álvarez Olivares “Cabo 29” y/o “Bebé” fue asesinado en Baja California Sur.
López Arellano, es el “más buscado” del CJNG y objetivo prioritario de la GESI, que los persigue con una orden de aprehensión pendiente por homicidio fechada desde 2018.
Según reportes de inteligencia, pasa el tiempo entre Puerto Vallarta y Tijuana.
Los de Jalisco están enfrentados a Luis Mendoza, cabeza de Los Uriarte, quien tiene como operadores criminales a su primo Alberto López, a Germán Ayala y Luis Correa. Y a los ex operadores del CAF, de Pablo Edwin Huerta “El Flaquito” aliados a “Los Chapitos”.
La zona impactada por la violencia de estos grupos es el Distrito 2, donde durante el año pasado se perpetraron 3 mil 015 homicidios, el 16% de los 2 mil 015 asesinatos ocurridos en Tijuana. Comprende La Presa y Presa Rural, delegaciones ubicadas en el extremo Suroeste de Tijuana, zona de mayor crecimiento de la ciudad, y en términos de trasiego de droga, conectada directamente a través de bulevares a las delegaciones Los Pinos, Cerro Colorado, Centenario y a los municipios de Tecate y Rosarito.
Una llamada anónima sirvió para que colectivos de personas que buscan a sus familiares desaparecidos hallaran once cadáveres en un predio de la colonia Maclovio Rojas.
Angélica Ramírez, representante de Una Nación Buscando T, informó que el 4 de enero se enteró que un hombre, quien tiene a su hermano desaparecido desde hace meses y miembro del mismo colectivo, recibió una llamada de una persona que se negó a dar su nombre.
Por teléfono, le dijeron que le darían la ubicación de un predio donde presuntamente encontraría el cadáver de su hermano, atrás de un baño hecho de madera. Le comentaron que podían encontrar más cuerpos.
Con esa información, el mismo lunes, un grupo del colectivo se dirigió al predio, el cual se ubica en la esquina que forman las calles Zapata y Artículo Tres, a espaldas de la Avenida Constitución en la colonia Maclovio Rojas, cerca de las vías del tren.
Como los civiles llegaron sin apoyo policiaco, lo primero que hicieron fue verificar que no hubiera gente en el predio. La casa se encontraba abandonada y, al ubicar un baño al exterior, el cual se mencionó en la llamada anónima, el grupo decidió entrar para realizar una inspección.
Cuando se dieron cuenta que los datos y la información recibida correspondían, y que “había elementos suficientes para sospechar que podría haber un cuerpo enterrado”, la gente de Una Nación Buscando T dio aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE), a la cual también le pidieron apoyo, por ser una zona riesgo.
Elementos de la GESI no llegaron ese lunes, pero la Fiscalía de Homicidios los autorizó a ingresar. Los buscadores del colectivo entraron el martes 5 de enero, para inmediatamente excavar en la zona del baño, donde le habían dicho a la familia, y en cuestión de 10 minutos encontraron un cadáver.
Los integrantes del colectivo siguieron excavando, y el martes 5, antes de que se metiera el sol, ya habían encontrado el segundo cuerpo.
“El problema aquí -Maclovio Rojas- es que la tierra está bien dura, entonces como que a las primeras personas -que enterraron- lo hicieron como a dos metros de profundidad, por eso fue muy difícil”, dijo de uno de los activistas.
A muy temprana hora del miércoles 6 de enero, los buscadores regresaron al inmueble y continuaron con las búsquedas, enfocándose en la misma zona donde ya habían encontrado los cuerpos. Y hallaron el tercer cadáver, justo en la esquina contraria donde habían encontrado al primero.
Para el 7 de enero se recuperó un cuarto cuerpo más, y lo que parecía un quinto cadáver, descrito como una acumulación de restos humanos. Hasta ese momento, personal FGE solamente se había presentado a recoger a los muertos descubiertos por los civiles.
Ese jueves, después de cinco hallazgos mortales, ante la insistencia de los integrantes del colectivo, elementos de la FGE adscritos al Centro de Atención para Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) llevaron unos perros rastreadores, y el viernes 8 de enero regresaron con un geo-radar con la intención de inspeccionar el predio completo, de acuerdo a la gente de Una Nación Buscando T, sin resultados.
“Nos están negando todavía la entrada a una retroexcavadora, que, porque no sabemos, tenemos experiencia las compañeras y los compañeros, como trabajar con la retroexcavadora, y la verdad es una impotencia mirar que las autoridades, hoy en este día -8 de enero- en vez de venir ayudar, que era lo que creíamos, nos están estorbando”, dijo la representante de Una Nación Buscando T.
A las dos horas el colectivo localizó otro cuerpo y, a pesar de la falta de apoyo de los agentes, las personas, en su mayoría madres, continuaron trabajando, incluso llegaron miembros de otros colectivos para apoyar con las excavaciones.
Durante el fin de semana y hasta el martes 12 de enero, se encontraron cinco cuerpos más en el predio de la colonia Maclovio Rojas, dando la suma de 13 en el lapso de una semana.
Los miembros de Una Nación Buscando T confirmaron que piensan seguir allí hasta el predio sea inspeccionado por completo.
La señora Ramírez recordó que todos los cuerpos recuperados por el colectivo, aproximadamente 50, han sido gracias a denuncias anónimas que reciben, nunca por la investigación de las autoridades.
Respecto al predio, residentes de la zona, quienes solicitaron mantenerse en el anonimato, informaron a Zeta que al parecer funcionaba como casa de seguridad de criminales, porque en ocasiones escuchaban gritos como si estuvieran torturando a alguien.
Agregaron que seguramente por eso hay tantos cuerpos enterrados en el lugar, y que por la zona hay más lugares similares, “pero eso ya les toca a las autoridades investigar, pues desde hace mucho se veía (movimiento ilícito) ahí, yo no sé de quién es ahí (predio de la Maclovio Rojas), pero sí sabía uno que las personas ya no salían, ya no se más. Sí se escuchaban gritos, ruidos, pues ahí los mataban creo”, dijo un residente de la colonia Maclovio Rojas.
Angélica Ramírez recordó que el martes 12 de enero, recibió una llamada telefónica de Ricardo Iván Carpio Sánchez, fiscal de Unidades Especiales, quien recién regresaba a su puesto después de estar en cuarentena por contagio de COVID-19.
La llamó para confirmarle que contaban con él, y se comprometió a mandarle de nuevo el geo-radar y una Unidad Canina, a lo que la activista le pidió que mejor les ayudara a excavar.
“Y le digo -a Carpio Sánchez- mira, para qué me los mandas, si no sirven de nada, aquí mándame gente para que pique y excave, eso no me sirve, ya lo trajiste y no sirvió, los cuerpos están a más de un metro de profundidad. Nos hemos dado cuenta que los investigadores son licenciados en Derecho, pero no son investigadores, entonces no saben seguir líneas, seguir investigaciones, no saben nada; ni siquiera saben investigar a los sospechosos”, expuso.
Situación que fue reconocida por el fiscal Carpio Sánchez y el de Homicidio, Enrique Sánchez, cuyos agentes son responsables de las carpetas de investigación.
Los elementos investigadores de la GESI se niegan a buscar y ensuciarse, y usan como excusa el hecho de que los colectivos llegan con información anónima y no les dan elementos que justifiquen su intervención.
Los fiscales explicaron que están reestructurando el área de Desaparecidos, para que el personal del equipo de CAPEA que tiene el equipo para búsqueda y las denuncias de desapariciones, trabajen coordinados con el personal de homicidios responsable de las carpetas de los restos encontrados.
La señora Rodríguez explicó que la gente les da ubicaciones de fosas, a condición que no den información ni detalles a las autoridades.
Zeta pudo conocer que, en el caso del predio de Maclovio Rojas, algunos de los buscadores empezaron a recibir amenazas esta semana, ignoran de cuál grupo criminal se trate, pero están molestos pos la búsqueda en el predio.
Durante los ocho días de búsqueda, los elementos dela FGE fueron enviados en tres ocasiones, en ninguna se quedaron a excavar ni a recabar indicios, menos aún a hacer entrevistas en las inmediaciones.
El jueves 7 de enero, elementos de la FGE adscritos al CAPEA llevaron unos perros rastreadores, y contrario a lo dicho por los buscadores, aseguran que ubicaron un punto para escarbar. El protocolo indica que se debe buscar y escarbar en 5 metros a la redonda, a una circunferencia de 10 metros, pero no lo hicieron.
Lo mismo sucedió cuando llevaron el geo-radar. Luego de realizar una inspección rápida, por donde la tierra no había sido removida, los oficiales indicaron que no hubo ningún hallazgo.
Agregaron que no tenía caso inspeccionar la parte donde las personas ya habían excavado porque no se iba tener una buena lectura.
El miércoles 13 de enero, las autoridades de la FGE justificaron la ausencia de la máquina excavadora en el terreno porque la habían solicitado en apoyo a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) y no la enviaron.
“(En la FGE) No tienen nada, por ejemplo, uno, diez especialistas en excavar, pues mínimo, en buscar; a veces les decimos ‘ahí hay muchos picos y palas’, no se bajan de sus patrullas, no se ensucian sus botas”, concluyó Angélica Ramírez.
Conforme a información primaria facilitada por el Servicio Médico Forense (Semefo) previo a los estudios, el cuerpo uno ingresó el 4 de enero, no pueden determinar la edad, pero la causa de muerte fue proyectil de arma perforante al cráneo.
Dos restos humanos y dos osamentas en las que no se puede determinar aún sexo ni causa de muerte, ingresaron el 6 de enero. El mismo día, en el predio de la colonia Maclovio Rojas encontraron dos cadáveres con sexo por determinar y “asfixia por estrangulación” como causa de muerte.
El 8 de enero, los servicios registraron como séptimo hallazgo una osamenta. Y el día 10, admitieron la octava víctima, otro cadáver en el que tampoco pudieron determinar a primera vista la causa de muerte.
Ya el martes 11, ingresaron dos osamentas. Mientras que el miércoles 12 ingresaron tres hallazgos consistentes en una osamenta, un cráneo y 19 restos óseos; y un cráneo y 51 restos óseos. En todos era imposible determinar causa de muerte y sexo.
De acuerdo con el grado de descomposición de las osamentas encontradas, el Estudio de Genética que deben realizar los peritos de la FGE podría durar mínimo dos meses, como máximo de seis, si es que pueden obtener ADN o un perfil de los restos. “Con mucha suerte, y mucho ADN, una semana”.
Pero si los restos están muy degradados, se tiene que hacer uso de otra tecnología.
En cuanto a la investigación de la causa de muerte, no todas las estructuras óseas presentan daño al cual se le pueda atribuir la causa de muerte, excepto uno de los casos que presenta herida por proyectil de arma de fuego en cráneo y otros dos están atados de manos, evidenciando el dolo.
“Como ejemplo, cuando los estrangulan es muy difícil establecer la causa de muerte, ya que las estructuras del cuello también se perdieron; cuando los estrangulan se fractura el hueso hioides, la tráquea, el cartílago, se ven dañados”, explicaron peritos de la FGE.
Otro problema que presentará este caso, es que la antropóloga forense especializada en realizar pruebas de perfil genético en los huesos para determinar si son de diferentes personas, quien apenas había sido contratada en diciembre, renunció una semana después. Solo realizó la identificación de los huesos del abogado Gustavo Alemán Salazar, su esposa Mirna Ledezma Cázares y la hija de ambos, secuestrados el 3 de diciembre de 2018, cuyos restos fueron localizados el 3 de noviembre de 2019 y tardaron un año en entregarse a la familia, ya que la FGE no contaba con un antropólogo forense.
MÁS DE 130 HALLAZGO EN 2020
Aunque de acuerdo con lo anunciado por el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, oficialmente en Baja California se localizaron más de 130 cuerpos en fosas clandestinas en 2020, miembros de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas aseguran que fueron más y reclamaron que las autoridades siguen sin trabajar.
La Comisión Estatal de Búsqueda, dependiente de la Secretaría General de Gobierno de Baja California, informó a Zeta que durante el año pasado fueron localizados 132 cuerpos, luego de varias operativos de búsquedas. Del total de los resultados positivos, 115 fueron en Tijuana, el resto se dieron en los demás municipios del Estado, además, tres personas con vida fueron halladas mediante las diligencias, quienes fueron entregadas a sus familias.
El 24 de diciembre de 2020, a través de un comunicado de prensa, la Secretaría General de Gobierno informó que el hallazgo de los cuerpos fue gracias a los trabajos de la Subsecretaría de Enlace a Organizaciones de la Sociedad Civil y la Comisión Estatal de Búsqueda. Sin embargo, los colectivos formados por personas que tienen algún familiar desaparecido, aseguran que ellos lograron encontrar los cadáveres gracias a sus propias investigaciones.
Como ejemplo recordaron el caso de la joven Danna Sugey Salgado Dávalos, quien desapareció el 30 de marzo de 2020 cuando fue a entregar una prenda que había vendido a través de internet.
Por meses, sus padres, familiares y amigos realizaron marchas, manifestaciones y búsquedas, y el 8 de diciembre, los asesinos de la joven de 20 años se apiadaron y les indicaron a los progenitores dónde estaba enterrado el cadáver de su hija.
Fue así como el 9 de diciembre, finalmente se localizó el cuerpo de Danna Sugey, sin intervención de alguna autoridad, solamente se encargaron de realizar los estudios de ADN para confirmar que se trataba de ella.
Eddy Carrillo, presidente de la asociación Todos Somos Erick Carrillo, informó a Zeta que, de junio de 2019 a la fecha, han localizado más de 200 cuerpos en el Estado, sin embargo, la Comisión Nacional de Búsqueda solo reconoce la mitad, y aún desconoce la causa.
Con relación al desempeño de las instituciones de gobierno, el activista coincidió en que siguen sin hacer su trabajo, dejando todo en las manos de las familias que tienen un ser querido desaparecido.
“Siento que la verdad ellos -autoridades- no están trabajando, porque estamos haciendo el trabajo de localizarlos, estamos desenterrando para que ellos vayan y los entierren en una fosa común; no hay investigaciones, no hay ningún detenido para ningún caso. Yo no voy a hacer pacto con ningún funcionario o político, yo quiero encontrar a mi hijo y la gente que tengo desaparecida de mis compañeros nada más, (a los funcionarios) yo tengo que decirles la verdad: que se pongan a trabajar”, finalizó Carrillo.
