Escuché hace un par de días una transmisión en vivo, en donde hablaba el actual Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora (CEDH Sonora) Dr. Pedro Gabriel González Avilés.
El Ombudsman exponía frente a la Comisión de Derechos Humanos y de Justicia del Congreso del Estado de Sonora, la situación que viven los mismos trabajadores y trabajadoras de dicho Organismo Autónomo, que increíblemente no están adscritos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, Isssteson, es decir, no se protege su derecho a la salud, el cual es precisamente un derecho humano, motivo por el cual tienen observaciones del mismo Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, ISAF.
Mencionó también, que así como el Gobierno del Estado vendió el estadio Héctor Espino, de igual forma se vendieron las oficinas de la CEDH, por lo que ya se había solicitado en el presupuesto, el recurso económico necesario para poder alquilar otras oficinas y no verse en la penosa necesidad de ser desalojados, recurso que también fue negado.
Lo dicho por el Ombudsman, obedece a una lógica, en la que al parecer, la Comisión de Derechos Humanos, es vista por la clase política como un enemigo, que les exhibe y al que se le castiga o debilita a través de presupuestos irisorios o como la última institución en orden de importancia.
Esta lógica es tan equivocada como la de policías que creen que las Comisiones de Derechos Humanos existen para perseguirles y no permitir que realicen su trabajo.
Es de verdad urgente que quede claro que el objetivo de una Comisión Nacional, Estatal o de una Defensoría de Derechos Humanos a nivel municipal, no es otra que trabajar a favor de los derechos de las personas; es decir, al igual que el Estado, a través de su aparato gubernamental, de una u otra forma estos organismos también ven por los derechos: a la salud, educación, igualdad, no discriminación, cultura, justicia, etcétera.
Y si bien las recomendaciones que realizan las Comisiones, exhiben violaciones cometidas por el Estado, estas debieran ser aleccionadoras y buscarse precisamente no llegar a esos estadíos tan vergonzosos que dan lugar a violaciones que van contra la misma dignidad de los seres humanos, toda vez que siempre será preferible evitar, precisamente, que éstas se cometan. Lo ideal es que las personas vivan sus derechos, que se garanticen. Por tanto, lejos de ver a la Comisión como a un enemigo o un organismo incómodo o irrelevante, debiera entendérsele como a un aliado del mismo Estado, para promover una cultura de conocimiento y respeto de derechos humanos, que acelere el camino para disminuir las violaciones de derechos humanos que tanto sufrimiento provocan, esto, tanto en el ámbito público como privado, porque no olvidemos que estas transgresiones ocurren tanto en el sector público como en el privado.
Ciertamente, pensémoslo, a final de cuentas, a todas las personas nos conviene vivir en una sociedad sin discriminación, sin desigualdad, sin violencia contra las mujeres, sin tortura, sin abusos de poder, sin tortuosos caminos para acceder a la justicia, a la educación o a una atención médica oportuna, de calidad, digna.
Es indispensable que las y los candidatos a la gubernatura y a las diputaciones, en Sonora, en este caso, tengan presente que la Comisión de Derechos Humano no es el enemigo, y que la ciudadanía necesita a instituciones como ésta, fuerte, robustecida, para atender temas muy sensibles que tienen que ver con dignidad y derechos.