Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).- Emilio Zebadúa González, excolaborador de Rosario Robles, podría ser arrestado en poco tiempo, luego de que un Juez le negara la suspensión al amparo para evitar la orden de aprehensión y confiscación de sus bienes.
La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación en contra de Zebadúa por lavado de dinero y otros delitos vinculados a la llamada Estafa Maestra, motivo por el que se había amparado de ser arrestado.
Al quedar sin validez este amparo, la Fiscalía podría llevar a cabo alguna acción penal en contra del exoficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.
También se informó que a Lourdes Zebadúa, hermana del excolaborador de Robles, el Juzgado Tercero de Distrito le negó la suspensión definitiva en el mismo juicio de amparo. Se le acusa de haber gastado 58 millones de pesos en casinos, así que también puede ser detenida.
BENEFICIOS POR INFORMACIÓN
Zebadúa busca hacerse testigo colaborador con la FGR, revelando información de cómo se efectuó la Estafa Maestra, así como nombres de los involucrados a cambio de beneficios.
Hace unos días declaró que Ramón Sosamontes Herreramoro, exjefe de la Oficina de la
Sedesol y de la Sedatu, era el encargado de contactar a los rectores de universidades públicas, a través de las cuales se realizaban las subcontrataciones para desviar recursos en la Estafa Maestra.
Sosamontes rechazó las imputaciones y aseguró que Zebadúa sólo busca beneficio personal para hacer imputaciones a terceros sin sustento probatorio, tratando de engañar a la Fiscalía y tener “criterio de oportunidad”.
¿CÓMO ROBAR 400 MILLONES?
Y es que su búsqueda para hacerse testigo colaborador ha llevado a Zebadúa González a relatar historias inimaginables, por ejemplo el cómo fue que se desviaron 400 millones de pesos relacionados al proyecto más ambicioso de Peña Nieto, el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
Según su declaración, el Grupo Aeroportuario Internacional de la Ciudad de México (GACM) —a cargo de Federico Patiño—, la Secretaría de Gobernación –a través de la subsecretaría a cargo del hoy Diputado priista René Juárez Cisneros- y la Sedatu de Robles, conformaron un grupo interinstitucional que estableció un mecanismo para adquirir o pagar unos terrenos que servirían al aeropuerto.
Estas tres áreas habrían negociado con “supuestos” ejidatarios y propietarios de las zonas de Atenco y zonas denominadas “Tlateles” o el “Moño”, que también colindan con la obra cancelada hace dos años. La Sedatu sería la encargada de realizar los pagos, contando con el visto bueno de la Segob y del GACM, pero tras la revisión se encontró que dichos representantes no acreditaban ni legal ni materialmente la propiedad de dichos terrenos.
Aún así, el 7 de junio de 2018, se acordó que se le entregarían 400 millones de pesos a los peticionarios del “Frente Auténtico del Campo”. Casi de inmediato Rosario solicitó a González Tiburcio realizar trámites para contar con el dinero.
Como no se logró acreditar que estas personas eran las propietarias, Gonzáles Tiburcio introdujo el término “ayuda social” para justificar la entrega de recursos y entonces se entregaron cantidades de 300 mil pesos, 400 mil pesos y hasta 10 millones de pesos.
Según Zebadúa, él le informó a Robles que la Sedatu no contaba con la facultad de entregar dichos apoyos ni contaba con el dinero. Ella, de acuerdo con Zebadúa, dijo que procedería “independientemente de su justificación o no” porque derivaba de un acuerdo entre el Presidente Enrique Peña Nieto y el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio González Anaya.
