México, 26 de noviembre (EFE).- El Gobierno mexicano abrió un nuevo frente en la batalla por los derechos laborales con su iniciativa para restringir el “outsourcing” o externalización, en discusión en el Congreso, donde defensores del esquema advierten que están en riesgo 5 millones de trabajadores.
“Prohibir la subcontratación en México de manera generalizada tendría efectos muy perniciosos sobre el mundo laboral y en general sobre la economía mexicana“, expresa este jueves en entrevista Elías Micha, director de la agrupación empresarial Tallentia MX.
Tallentia MX defiende el “outsourcing” o externalización empresarial, que es parte de la reforma laboral de 2012 que promulgó el hoy expresidente Felipe Calderón.
El esquema permite que una empresa delegue a una tercera la prestación de servicios, lo que permite hasta 50 por ciento de reducción de costos.
El actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, envió una iniciativa al Congreso el 12 de noviembre para prohibir la práctica por considerarla “abusiva” y herencia del “periodo neoliberal”.
Pero el 23 por ciento del empleo formal registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) depende de esta figura, manifiesta Elías.
Además, detalla, casi 45 por ciento del personal de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y de las grandes compañías está subcontratado. Representa 35 por ciento del personal de servicios, 30 por ciento del de comercio y 25 por ciento de la manufactura, comenta.
“Al prohibir la subcontratación estas millones de personas tendrían que ser integradas a las estructuras de las empresas contratantes en un plazo muy corto que, con la actual coyuntura económica por la pandemia, es una tarea que resultaría muy difícil”, ahonda Elías.
Las personas que pierdan su empleo acabarían en el mercado informal, que ya representa más del 55 por ciento de la fuerza laboral en México, prevé el representante empresarial.
El director de Tallentia MX cita un estudio del Colegio de México (Colmex) que sugiere que la subcontratación reduce entre 22 y 33 por ciento la informalidad del sector en el que se implementa.
En contraste, la Procuraduría Fiscal sostiene que hay más de 6 mil empresas de subcontratación ilegal que evaden al fisco por más de 21.000 millones de pesos al año (cerca de 1 mil 050 millones de dólares).
Hay 1.200 empresas que manejan el esquema de subcontratación ilegal con más de 862 mil trabajadores con sus derechos laborales afectados, indicó el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero, en el Parlamento Abierto que el Congreso realiza esta semana.
Jorge Sales Boyoli, abogado laboral, coincide en que la subcontratación ha resultado en abusos.
“El diagnóstico que se ha hecho sobre el problema de la subcontratación en México, por parte del Ejecutivo federal, nos parece que es adecuado”, expresa a Efe el coordinador nacional del Comité de Derecho Laboral de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (Anade).
Pero el socio de la firma Sales Boyoli, especializada en derechos laborales, considera innecesaria la reforma al argumentar que atiende más un síntoma que la enfermedad.
“No era necesaria esta iniciativa, sino una adecuada fiscalización y una adecuada supervisión por parte de las autoridades, pero ya que se ha tomado esta decisión nos parece que puede ayudar a evitar la subcotización, puede ayudar a reducir la evasión fiscal”, detalla.
El jurista recomienda adecuarla para que la entrada en vigor se prorrogue seis meses, incorporar el reparto de utilidades y definir los servicios especializados.
También cuestiona la falta de visión del mercado laboral de la reforma, porque en México el 99 por ciento de los empleadores ocupan 10 personas o menos, por lo que solo la normativa solo afectaría al 10 por ciento de la población ocupada del país.
“Esta iniciativa no va a colapsar la planta productiva de este país, ni va a poner en quiebra a todos los empresarios, así que me parece que esto hay que verlo en su justa dimensión”, indica.
Sales Boyoli también rechaza que la iniciativa original de López Obrador criminalice el “outsourcing”.
“Me parece que decir que se criminaliza es un poco desproporcionado, sí hay ciertas conductas que están criminalizadas como delito, pero esto es desde antes de la entrada de esta iniciativa”, precisa.
Pese a la contundencia del anuncio, el presidente prometió revisar la iniciativa tras una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), por lo que se ha frenado en el Congreso para su revisión.
Aunque el líder izquierdista advirtió que esta tregua está condicionada.
“Vamos a llegar a un acuerdo, que se proteja a los trabajadores, que no haya defraudación y que al mismo tiempo se den facilidades a las empresas”, prometió el martes.
