“La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo” (Paulo Freire).
La actual ley orgánica de la Universidad de Sonora, conocida como Ley 4 o Ley Beltrones, postula una forma de organización con fuerte incremento de la burocracia universitaria, de los órganos de gobierno y de la dislocación entre la comunidad universitaria y la administración.
No se puede decir que sea una ley democrática y ni siquiera funcional para los propósitos de mejoramiento de la calidad educativa y la oferta académica oportuna, pertinente y futurista para una universidad al servicio de los sonorenses.
Al parecer su propósito central fue y sigue siendo el fortalecer los mecanismos de control y hacer valer las decisiones de un, ya no tan pequeño, grupo de iluminados que marcan el rumbo de la institución de educación superior autónoma más reconocida regionalmente.
Su promulgación, el 22 de octubre de 1991, borró de golpe las aspiraciones de participación amplia de los sectores universitarios en el destino institucional, centralizando lo que apuntaba hacia la transparencia de los procesos democratizadores y las corresponsabilidades de autoridades y miembros de la comunidad universitaria que consagraba la ley anterior, dejando como una gran mayoría marginal a los académicos, los estudiantes y los trabajadores universitarios.
Recientemente se han manifestado fuerzas que promueven el cambio de la ley orgánica buscando su democratización, y encontramos que legisladores de Morena y el propio candidato avalado por el Consejo Estatal de dicho partido se pronuncian a favor de una nueva ley orgánica; incluso se sabe de la intención de solicitar que la elección del nuevo rector “se aplace hasta después de los comicios electorales de 2021” (Expreso, 19.11.20).
Esto último parece no corresponder al dicho del sonante precandidato de Morena, Alfonso Durazo, quien se proclama “respetuoso de la autonomía universitaria” (misma fuente), pero sucede que no se puede ser tan respetuoso cuando se pretende dar línea (intervenir, pues) en los tiempos de un proceso que compete legalmente a los órganos universitarios facultados para ello.
Una ley orgánica no puede ni debe ser argumento de promoción electoral, ni se debe impulsar su reforma por razones coyunturales, o llevarse a cabo a empujones. En este sentido, debe ser la propia comunidad universitaria la que, de acuerdo con su experiencia y expectativas, proponga el contexto normativo deseable para el desarrollo de las funciones institucionales acordes al futuro que se pretende construir.
En este caso, cabría esperar que la voluntad de los universitarios de Sonora pudiera sumarse al nuevo impulso macrosocial que la Cuarta Transformación pretende darle a la educación superior nacional, y situar la reforma en el contexto de las necesidades a satisfacer y las particularidades sociales, económicas, culturales y políticas de nuestro estado.
Es claro que no puede haber un plan transformador sin diagnóstico previo, y sin horizonte de corto, mediano y largo plazo que defina y establezca los objetivos y metas a lograr.
Aquí es necesario pensar en el contenido de la reforma desde la definición del modelo de universidad que queremos, es decir, primero debemos responder a las preguntas ¿qué tipo de universidad queremos?, ¿cuál es el objetivo o propósito transformador que orienta la reforma?, ¿a quiénes va dirigida la reforma?, ¿cómo implementaremos la reforma? En forma simplificada: ¿para qué reformar, para quién, y cómo reformar?
Siendo una institución de educación superior, antes que cualquier otra cosa se debieran responder las siguientes interrogantes: ¿a qué propósitos va a responder la organización académica y administrativa; qué ideal social va a animar a sus egresados en su quehacer profesional; qué transformaciones sociales, económicas, culturales, políticas se van a impulsar desde la universidad?
Salvo mejor opinión, pienso que la democratización universitaria no debe ser más que la consecuencia de un nuevo modelo académico-administrativo-cultural que debe corresponder a la puesta en marcha de la nueva educación, la educación post-neoliberal, democrática, incluyente, equitativa y justa, socialmente comprometida con el pueblo que la sostiene.
Es decir, debe definirse primero el modelo universitario que responda a la expectativa de progreso y bienestar con justicia social que Sonora necesita y que, en lo nacional, el actual régimen federal impulsa, y luego la forma en que va a operar en nuestra realidad para transformarla, así que primero debamos responder el para qué, el para quién, y finalmente el cómo operará el modelo transformador, donde figura no sólo el marco normativo sino el modelo curricular.
Así pues, hablar sólo de la democratización como el objetivo de la reforma hace que el discurso se quede muy corto frente a las necesidades de transformación nacional y local, en las que la nueva educación universitaria debe tener un papel no sólo formativo sino integral, con contenido humanista, ideológico y ético, en tanto contribuyente al cambio social y económico que el país y la entidad reclaman.
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