A pesar de que el Instituto Nacional de Migración (INM) ha negado públicamente que existan contagios de COVID-19 en sus centros de detención, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reveló que, tan solo en la estación migratoria Siglo XXI de Tapachula, Chiapas, hay al menos 19 casos confirmados de nacionalidad hondureña.
Hace apenas una semana el INM aseguró a Animal Político que en todas sus estaciones se realizan acciones de limpieza e higiene y de control sanitario. Sin embargo, la CNDH documentó que la Siglo XXI permanece hacinada, que no se respeta la sana distancia, no se reparten cubrebocas, y que no hay gel antibacterial para evitar la propagación del virus.
Los 19 casos confirmados de migrantes contagiados ya fueron trasladados de la estación Siglo XXI a la Estancia Provisional denominada ‘El Hueyate’, ubicada en la carretera Huixtla-Tapachula.
No obstante, en la inspección realizada entre el 16 y el 19 de octubre, los visitadores de la CNDH también detectaron numerosas irregularidades en estas instalaciones. Por ejemplo, no hay servicios de luz y agua, las condiciones de higiene son malas, y lo más grave: detectaron a mujeres y niñas detenidas y que no presentaban síntomas aparentes conviviendo con otras personas migrantes contagiadas.
Ante esta situación, la CNDH emitió una serie de medidas cautelares dirigidas al comisionado del INM, Francisco Garduño, para que el instituto traslade de inmediato a los migrantes detenidos en la estación Siglo XXI “a una estancia digna”, para brindarles los servicios de alimentos, salud e higiene que requieran, “así como espacios sanitarios salubres”.
También pidió al INM que dé atención médica “prioritaria y urgente” a las personas contagias de Covid 19 que están detenidas en la estancia provisional ‘El Hueyate’, prestando especial atención a niños, niñas y adolescentes.
Animal Político consultó nuevamente al INM sin que al cierre de la edición hubiese recibido respuesta. A día de hoy, la institución que dirige Francisco Garduño no ha reconocido públicamente que se hayan detectado casos al interior de sus instalaciones, a pesar de que el pasado 11 de septiembre la CNDH documentó la muerte de un salvadoreño que estaba al interior de la estación migratoria de Ciudad de México y que fue trasladado al hospital, donde falleció. El pasado 6 de agosto, incluso, el Instituto negó en un comunicado que hubiera casos COVID en sus centros de detención.
“Ya lo avisamos”
Estas deficiencias documentadas por la CDNDH vienen a confirmar lo denunciado hace tan solo una semana, el pasado 15 de octubre, por múltiples organizaciones de la sociedad civil en el informe ‘Sobre los efectos de la pandemia de Covid 19 en las personas migrantes y refugiadas’.
“La afectación a personas migrantes y refugiadas por el Covid es algo que ya veníamos avisando y alertando desde hace tiempo”, subrayó en entrevista Ana Saez, directora de Sin Fronteras, organización civil que presentó el informe junto a la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derechos, Asylum Access, y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), entre otras.
Saez recordó que, precisamente por las pésimas condiciones de salubridad y de hacinamiento de las estaciones migratorias, que han sido ampliamente documentadas en informes y en trabajos periodísticos, acudieron desde marzo pasado, muy al inicio de la pandemia, ante la propia CNDH y ante la justicia para ordenar al INM que vaciara los centros de detención.
Sin embargo, aunque el Instituto asegura que está cumpliendo con las recomendaciones de la CNDH y que ha vaciado buena parte de sus estaciones, organizaciones como Asylum Access denunciaron el pasado 15 de octubre que el INM continúa haciendo detenciones de migrantes, a los que recluye en estaciones como la de Villahermosa, en Tabasco, Iztapalapa, Ciudad de México, y la ya mencionada Siglo XXI, en Chiapas.
“Esperamos que, ante los nuevos señalamientos de la CNDH, el estado mexicano reaccione y tome las medidas para que estas personas sean puestas en libertad”, recalcó Ana Saez.
Sin pruebas COVID
Para este lunes 26, está previsto que las organizaciones civiles defensoras de migrantes se reúnan con Hugo López Gatell, subsecretario de Salud, y con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, para exponerles los resultados del informe sobre Covid 19 y personas migrantes detenidas.
Entre múltiples puntos, en el informe se expone que el INM ni ninguna autoridad sanitaria hacen con regularidad pruebas Covid a los migrantes detenidos en las estaciones migratorias.
También se señala que, de las 35 estaciones migratorias que hay en el país, solo dos llevan un registro diario de la temperatura de las personas detenidas, y que solo una, la de Saltillo, tiene servicio médico las 24 horas.
Al igual que lo documentado por la CNDH en la estación de Tapachula, la organización Asylum Access también detectó que en el centro de detención de Las Agujas de la Ciudad de México, otro de los más grandes e importantes del país, a los migrantes no se les proporciona cubrebocas, o su entrega es muy deficiente.
Alejandra Macías, de Asylum Access, contó que en una visita en septiembre pasado a esta estación en la capital mexicana los migrantes entrevistados refirieron que aun seguían utilizando el mismo cubrebocas que les proporcionó la autoridad migratoria de Estados Unidos cuando fueron detenidos semanas atrás.
Un muerto en una protesta y desobediencias del INM
La gestión de las estaciones migratorias en el contexto de COVID-19 ha generado fuertes críticas desde que se declaró la pandemia. En un primer momento, el INM tuvo que gestionar tanto el encierro de las personas a las que sus funcionarios atrapaban como aquellos a los que Estados Unidos expulsaba a través del Título 42, un mecanismo legal que permite devolver a México a todo aquel que intente entrar al país estadounidense de forma irregular. Todo ello con las fronteras de Guatemala, Honduras y El Salvador cerradas, lo que provocó que hubo momentos en los que estos países no aceptaban a deportados. Esto llevó a que decenas de los migrantes fuesen abandonados en la frontera con Guatemala, donde agentes del INM les instaron a regresar a casa a través del monte.
El hacinamiento y las malas condiciones al interior de los centros de detención provocaron protestas al menos en Coahuila y Tabasco. La más grave tuvo lugar el 31 de marzo en Tenosique, Tabasco, donde se registró un incendio en el que murió un solicitante de asilo guatemalteco. A Héctor Barrientos, de 42 años, le faltaban tres días para ser liberado y seguir su proceso al exterior de la estación migratoria cuando falleció. Compañeros de encierro acusaron a los guardias de cerrar la puerta e impedirles la salida.
A partir de aquel incidente el INM cambió de política. Durante el mes de abril se dedicó a vaciar las estaciones, deportando cuando podía y entregando tarjetas de residencia temporales en los casos en los que la expulsión era imposible. Para finales de abril, apenas un centenar de migrantes seguía al interior de los centros de detención.
Durante todo este tiempo, organizaciones de la sociedad civil presentaron amparos para garantizar los derechos de los migrantes encerrados (que fuesen liberados, que se diese a conocer los protocolos para prevenir la COVID-19).
En varias ocasiones los jueces dieron la razón a los grupos activistas y, sin embargo, el INM hizo caso omiso. En agosto, por ejemplo, un juzgado dio un ultimátum al propio comisionado Garduño: o cumplía el mandato de aplicar y velar por el cumplimiento de once medidas de prevención de Covid19 al interior de las estaciones migratorias o podría ser encarcelado. A día de hoy no ha ocurrido ni una cosa ni la otra.
