El ex director de Pemex, Emilio Lozoya, aseguró que demostrará que no es responsable ni culpable de los delitos que se le imputan en la audiencia inicial, en la cual este miércoles la Fiscalía General de la República lo acusó de comprar una casa gracias a sobornos transferidos a una cuenta de su hermana, Gilda Susana, por parte de Altos Hornos de México.
Además, el ex funcionario reveló que fue “sistemáticamente intimidado, presionado” e “instrumentalizado”, por lo que “denunciaré y señalaré a los autores de estos hechos y vuelvo a reiterar mi compromiso de colaborar con las autoridades del Estado mexicano”.
La FGR acusó directamente a Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos, de transferir en 2012 más de 3 millones de dólares a una cuenta de la hermana de Lozoya, con parte de los cuales se habría pagado una casa en la alcaldía Miguel Hidalgo.
A Lozoya Austin se le acusó de recibir esos pagos de Altos Hornos antes de que comenzara el sexenio de Enrique Peña Nieto para después, ya en el gobierno, ejecutar la compra de una planta chatarra (Agro Nitrogenados).
De acuerdo con la transcripción de la audiencia, se notificó “al extraditado que se le inició carpeta de investigación” desde el 25 mayo de 2019 como “probable responsable de adquirir un inmueble con recursos de procedencia ilícita”.
Las transferencias, según la FGR, ocurrieron en diferentes días de noviembre de 2012, desde una sucursal en Monclova, Coahuila, a una cuenta en Ginebra, Suiza.
A Tochos Holding Limited se le identificó como la beneficiaria de los recursos y su titular es Gilda Susana Lozoya, de quien señala que no estaba en edad de ser titular de la cuenta. Hasta febrero de aquel año, Lozoya era el beneficiario de la misma. Se apuntó que no existe ninguna relación comercial entre Altos Hornos y Tochos Holding.
De los 3 millones de dólares transferidos en 2012, 34 millones 234 mil pesos “sirvieron para la compra en bien inmueble de casa habitación en Ladera 20 interior 11 en colonia La Retana en Lomas de Bezares“, alcaldía Miguel Hidalgo, sostuvo la Fiscalía.
La FGR apuntó que el propio Lozoya no pagó el inmueble para ocultar el origen de los recursos. Los recursos, detalló la Fiscalía, regresaron a México a través de transferencias de Tochos Holding a la cuenta bancaria de Carmen Ampudia, dueña del inmueble, y “derivado de ello pasó a su propiedad, ocultando el origen ilícito”.
“El 21 de diciembre de 2013 se depositaron 60 mil dólares en favor de Emilio L., y otro monto para Carmen A. por la casa de Lomas de Bezares, por lo que resulta notorio que los recursos adquiridos no provienen de relaciones comerciales sino de actos de corrupción, con base en una estratagema de triangulación de recursos tanto a nivel nacional como internacional”, estableció la FGR.
Ya como director de Pemex en el sexenio pasado, la Fiscalía le achacó a Lozoya que “alentó una actividad ilícita” al autorizar la compra de Agro Nitrogenados. Esto lo calificó como una “retribución de usted al coimputado” (Alonso Ancira) por “contribuir al bien inmueble“.
“Se puede afirmar que usted adquirió un bien inmueble en territorio nacional con conocimiento de que el recurso para la compra provenía de un origen ilícito, porque en anteriores hubo un acuerdo entre usted y Alonso (Ancira) para que una vez en el cargo de Pemex promoviera y alentara de manera indebida la compra de una empresa inactiva con un precio superior al valor real”.
Sobre Agro Nitrogenados, se expuso que “al revisar la adquisición se determinó que 60% de los activos de la planta debían ser reemplazados”.
Mientras que una planta nueva “hubiera tenido un costo de 200 a 300 millones de dólares”, en esta se gastaron más de 475 millones de dólares.
Lozoya agradeció que se le informaran los hechos que se le imputan e indicó que busca que se aclare su situación jurídica.
“En el momento de datos de prueba demostraré que no soy responsable ni culpable de los delitos que se imputan”, dijo.
Y adelantó que el inmueble referido fue declarado ante la Secretaría de la Función Pública desde que comenzó su gestión como director de Pemex.
No obstante, la FGR solicitó su vinculación a proceso por el delito de operación con recursos de procedencia ilícita.
