El nuevo periodo extraordinario a realizarse mañana en el Congreso, trae al menos tres temas sumamente polémicos y que pretenden sacarse sin discusión de fondo: una es la Ley General de Salud Mental, la segunda es la prisión preventiva por delito electoral y la tercera la Ley de Adquisiciones para hacer las compras de medicamentos en el extranjero.
La comisión de Salud de la Cámara de Diputados quedó excluida anoche del análisis de las Reformas a la Ley de Adquisiciones que Morena quiere aprobar en el periodo extraordinario de este miércoles, luego de que el presidente de la República reprendiera de manera pública a Mario Delgado, coordinador en San Lázaro del partido en el poder, porque no había podido sacar el proyecto de suma urgencia para la el gobierno federal, debido a que deben hacer cuanto antes las compras consolidadas del sector salubridad en el extranjero como dio indicó López Obrador.
La decisión de la mayoría legislativa de Morena fue interpretada por los partidos de oposición como una estrategia para evitar discusiones y fundamentos sobre los riesgos que representa para la transparencia la reforma. Las adquisiciones sin licitaciones de por medio a agentes extranjeros por unos 60 mil millones de pesos pueden propiciar la opacidad y corrupción porque no habrá ningún candado convincente. Son demasiados los diferendos en los términos del dictamen y Delgado no quiere que el jefe del Ejecutivo vuelva a jalarle las orejas en público, como el jueves pasado en la Mañanera.
Hasta la CNDH dice que hay riesgos
Hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exhorta al Congreso a que detenga la aprobación de la Ley de Salud Menta porque al igual que diversas organizaciones civiles considera que la iniciativa tal y como fue redactada en la Comisión de Salud y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, contraviene diversos artículos de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Según la CNDH a cargo de Rosario Piedra de Piedra, tras hacer una revisión a la iniciativa de ley impulsada por Carmen Bañuelos del PT, refleja una visión anacrónica y estigmatizante, al utilizar referentes conceptuales que no resultan compatibles con las nociones actuales sobre la salud mental.
Los factores que refiere la ley como agravante a la salud mental pueden configurar actos asimilables a persecución de los grupos sociales al identificar, entre otros, a mujeres trabajadoras, población rural, niñas y niños en situación de calle, personas con discapacidad, población migrante, niños adictos a las drogas, lo que puede exacerbar actos de discriminación en contra de las personas a las que presuntamente intenta proteger.
Son 30 organizaciones las que dicen paren la #LeyBañuelos porque también legaliza internamientos voluntarios, permite tratamientos forzados desconociendo la capacidad jurídica de las personas.
Uso político a delitos electorales
El uso de programas sociales con fines electorales está contemplado en el proyecto para reformar el artículo 19 de la Constitución en materia de prisión preventiva oficiosa. Es decir, cualquier persona señalada por algún acusador podrá ser encarcelada siendo o no culpable. Mientras son peras o son manzanas, estaría detenido aunque fuera inocente. Después bastará un “usted disculpe”. Se imagina lo que eso puede pasar en los procesos electorales frente a las autoridades de Morena, que ya dieron una muestra de los que saben hacer con el caso Lozoya.
UPPERCUT… El PRI se queda con una mini bancada de 13 legisladores en el Senado de la República tras el anuncio de Nayeli Sánchez, senadora suplente de Vanessa Rubio, de incorporarse a la bancada de Morena. El PRI se queda con bancadas reducidas en el Congreso, con coordinadores parlamentarios sin margen de actuar como una verdadera oposición –la 4T tiene la mira puesta en su pasado—y con un presidente nacional en las mismas circunstancias. El caso Emilio Lozoya irá menguando aún más al otrora partido dominante por más de 80 años.
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