Las desafortunadas medidas aprobadas por el Cabildo

En consecuencia con la conclusión de la Jornada Nacional de Sana Distancia, el incremento de la prevalencia de contagios por SARS-CoV-2 y la instauración de un semáforo epidemiológico, las autoridades estatales y municipales adquirieron la responsabilidad en el manejo de la crisis dentro de su ámbito de competencia.
Las medidas adoptadas por las autoridades hermosillenses causaron molestia entre, no sé si un alto porcentaje poblacional o solo entre quienes su “voz” es habitualmente amplificada por las redes sociales, donde el descontento es lugar común, generando una discusión pública significativa.
Ahora bien, aunque es de celebrarse el debate, una condición fundamental del mismo en una sociedad políticamente civilizada es la exposición de argumentos y buenas razones; cosa que a mi juicio no sucedió por parte de quienes se oponen.
Son 9 las medidas que la alcaldesa anunció, dos de carácter reglamentario, 7 implican un hacer, ya sea por parte de la autoridad o del ciudadano, y de estas causaron controversia 1) la que suspende actividades comerciales y 2) contar con un salvoconducto para tránsito vehicular, en ambos casos a partir de las 18:00 horas.
Uno de los aspectos bajo los cuales la discusión fue poco seria es en lo concerniente a quienes terminaron acusando autoritarismo, represión, violación de garantías, etc., por el empleo de la palabra “salvoconducto”. Es verdad que la palabreja es más adecuada en el ámbito del derecho internacional, pero el diccionario la define como un “documento expedido por la autoridad para permitir el tránsito libre y sin riesgo de su portador”.
Me detengo en esto porque denota la actitud de quienes se suman a la polémica más por hacer ruido que por participar, configurándose como una especie de “esquiroles” de la cooperación y el consenso político.
Dicho esto retomo las medidas que causaron malestar y contra las cuales se manifiesta la inconformidad: a) Restringir el horario de actividades comerciales provocará aglomeraciones en lugares como tiendas de autoservicio, incrementando la cantidad de contagios, y; b) Restringir el tránsito vehicular es violatorio de derechos e inconstitucional. A ambas se suma el argumento transversal de que no fueron tomadas con base en criterios científico y contradictoria al restringir tránsito vehicular pero no de transeúntes.
Para que sea argumentalmente válida la idea de que la suspensión de actividades comerciales es una tontería, quienes la sustentan deben comprobar que cuentan con datos o estudios específicos para la ciudad de Hermosillo, respecto a la movilidad ciudadana, tanto en la situación previa al confinamiento como en la actual. De lo contrario, descalificar la medida es mera opinión y ocurrencia -igual que la medida criticada-.
Es preciso aclarar que si la movilidad o las aglomeraciones respondieran únicamente a la variable del horario, no sería necesario estudiar estos fenómenos sociales, incluso esgrimir cuestiones de sentido hace irrelevante la participación de los “expertos”.
Asimismo, en entrevista para este mismo medio la alcaldesa señaló que los horarios de mayor afluencia a las tiendas de autoservicio son muy por la mañana y poco antes del cierre. Si el comportamiento se mantiene el pico nocturno se recorrería hacia la tarde, pero no habría cambio en los días y frecuencia con que el cliente acude a avituallarse, de tal manera que si tuviese que aventurar una hipótesis de movilidad, pensaría que solo se ralentizará el proceso de compra.
Aunado a lo anterior, me gustaría que los inconformes se preguntaran si las aglomeraciones suceden porque el ciudadano ¿no tiene otra alternativa que frecuentar tiendas de autoservicio? y ¿Cuál es la capacidad “clientes por hora” de cada tienda de conveniencia?
Lo que intento decir es que ante opciones restrictivas e inconvenientes, cada cual formulará un plan de acción que le parezca más eficiente y eficaz, pero al no existir estudios actualizados, no podemos afirmar que la medida ocasionará aglomeraciones.
En relación con la medida que permite el tránsito vehicular posterior a las 18:00 únicamente para quienes cuenten con salvoconducto, me parece que argumentar la inconstitucionalidad es un tanto exagerado, considerando que la razón de su decreto es la situación en que nos encontramos. Coincido, eso sí, en que no existe fundamento jurídico-administrativo que faculte a las autoridades municipales para restringir el libre tránsito, por lo que la disposición es ilegal, pero preguntémonos si dadas las circunstancias es ilegítima.
Esta medida no es legal ni correcta, pero es irreductiblemente prudente. En este espacio, Priscila Cárdenas publicó que durante los primeros dos meses de confinamiento Sonora solo redujo su movilidad en 47%, ocupando el lugar número 21 a nivel nacional.
Si el ciudadano es incapaz de cooperar y responsabilizarse de sus acciones y compromisos frente a la sociedad, no se me ocurre otra forma de hacer valer las reglas de convivencia, que recurrir a la zanahoria/promesa de transitar al semáforo naranja, o al garrote de multar a los irresponsables que ponen en riesgo a la sociedad y al Sistema de Salud.
Asimismo, quienes se obstinan en consideraciones jurídicas y se empeñan en vivir en el pequeño e incompleto mundo del “deber ser”, tienen la opción del amparo; o si de verdad creen que la medida es injusta e ilegítima, la desobediencia civil.
Para el caso del amparo, desearía saber cuántas personas prefieren gastar en el trámite antes que gestionar un salvoconducto gratuito que puede obtenerse por correo y celular; en lo correspondiente a la desobediencia civil, me gustaría saber si hay quien esté dispuesto a iniciar una batalla por un par de medidas temporales y circunstanciales.
En lo particular, a mí me parece que las medidas son adecuadas. Me cuido de no utilizar la palabra “correcto” debido a que eso implicaría la ausencia de errores o defectos, de los cuales indudablemente adolecen, pero son adecuadas porque son las que hay e implican un hacer, tanto para la autoridad como para los ciudadanos.
Recordemos que la emergencia sanitaria vino a clausurar la vida en espacios públicos; si deseamos recuperarla, todos debemos estar dispuestos a adquirir compromisos y responsabilidades, solo así recuperaremos nuestro derecho al espacio público que nos fue arrebatado por un ente sin vida.