En el #DíaDeLaLibertadDePrensa, México aún tiene asignaturas pendientes; la más importante, sin duda, garantizar la seguridad de reporteras y reporteros que, principalmente en los estados, enfrentan presiones, hostilidad, acoso y violencia.
Nuevamente, el Día Mundial de la Libertad de Prensa toma a México mal parado. Seguimos siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo; los periodistas siguen enfrentando obstáculos y restricciones provenientes de poderes políticos, poderes económicos y poderes fácticos. Y más de un año del nuevo gobierno no se ha traducido en mejora alguna para la prensa mexicana.
En la clasificación mundial de Reporteros Sin Fronteras 2020 (dada a conocer el pasado 21 de abril), México ocupa el lugar 143 de 180 países, y se sigue ubicando en la zona roja de las naciones en “situación difícil”.
En su informe, Reporteros sin Fronteras establece: “México, donde fueron asesinados 10 periodistas en 2019, sigue siendo el país más peligroso del continente para la prensa. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha logrado frenar la espiral de violencia contra los periodistas ni poner fin a la impunidad en que permanecen los crímenes cometidos contra ellos. En este país –como sucede con sus vecinos centroamericanos– persiste una complicidad de políticos corruptos y autoridades (sobre todo locales) con el crimen organizado, algo que va más allá del ámbito político y amenaza gravemente la seguridad de quienes se dedican a la información”.
El informe completo puede consultarse aquí
A nivel regional, la asociación señala que el ambiente en el que trabajan los periodistas de América Latina es “cada vez más complejo y hostil” y advierte que en la mayoría de los países de la región se han emprendido “grandes campañas de descrédito contra la prensa”.
Llama la atención que, en el caso mexicano, el descrédito a veces se alienta desde Palacio Nacional, en conferencias que fueron creadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador precisamente para los fines contrarios: garantizar la rendición de cuentas y el derecho a la información que, a final de cuentas, no es únicamente de los periodistas, sino de la sociedad.
Pero, cuando la “mañanera” se convierte en un monólogo unidireccional, un mero acto de propaganda o, peor aún, de estigmatización contra algún medio por una cobertura, un encabezado o una portada que no le gustó al titular del Ejecutivo, entonces la conferencia se convierte en todo lo contrario a aquello para lo que fue creada: pretexto para el linchamiento a medios y periodistas por parte de los fanáticos del presidente, quienes mantienen una notable capacidad de organización en redes sociales.
Aunque, ése no es el problema más grave que enfrenta el periodismo en México.
La organización Artículo 19 tiene el registro de 132 periodistas asesinados en México en posible relación con su labor informativa, de 2000 a la fecha.
Han sido dos décadas terribles, en las que han muerto 121 hombres y 11 mujeres, cuyos crímenes siguen impunes.
Los casos más visibles, como los de Regina Martínez (asesinada en Veracruz el 29 de abril de 2012), Miroslava Breach (Chihuahua, 23 de marzo de 2017) y Javier Valdez (Sinaloa, 15 de mayo de 2017) son recordatorios de la censura que prevalece en el país, sobre todo en territorios controlados por el crimen organizado, y la impunidad que se asienta cuando esos criminales encuentran refugio y complicidad en los palacios de gobierno municipales y estatales.
El caso más reciente considerado en el registro de Artículo 19 es el de María Elena Ferral, asesinada el 30 de marzo de 2020, también en Veracruz.
“De estos casos, 47 se registraron durante el mandato anterior del presidente Enrique Peña Nieto y 12 en el actual de Andrés Manuel López Obrador”, precisa la organización en su reporte.
Por su parte, la Red de Periodistas de a Pie sigue documentando mensualmente más de 20 agresiones y hechos violentos contra la prensa en diversas entidades. Su más reciente reporte, de marzo de 2020, señala que se han cometido 84 acciones de este tipo en lo que va del año, que van desde la agresión física y el hostigamiento, hasta el asesinato, el atentado y la detención. Durante 2019, la red contabilizó 316 agresiones.
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México vive una paradoja: en el momento de “esplendor” de su democracia electoral (tres alternancias en la Presidencia en dos décadas, el arribo de la izquierda al poder por la vía de los votos, múltiples cambios de partido político en ayuntamientos, gobiernos y congresos estatales y un Congreso de la Unión multipartidista y por primera vez con paridad de género), justo en esos años, se vive esta situación de violencia e intimidación para la prensa y el periodismo.
Otra paradoja es que el gobierno que se abroga el mérito de haber “eliminado la censura”, dé pasos en falso y señales contradictorias en este tema.
Por un lado, reduce la gigantesca partida en publicidad oficial, que fue empleada por los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña para garantizar lealtades y “buena prensa”; pero, por otro lado, se niega a impulsar una ley que regule de una vez por todas los criterios para la distribución de la publicidad oficial y lograr que ésta dependa de las audiencias y la calidad de los medios, y ya no del capricho discrecional del gobernante en turno.
La misma administración que se atrevió a denunciar la existencia de partidas millonarias que se repartían discrecionalmente entre medios y periodistas, mantiene acuerdos con los dueños del “duopolio” televisivo, tantas veces criticado por el candidato López Obrador.
El mismo presidente que se queja de las portadas de Proceso y Reforma, dice que TV Azteca no pretendía hacer daño cuando abiertamente llamó a desobedecer a las autoridades de salud durante la emergencia sanitaria.
Hasta este martes 5 de mayo, el presidente ha dado 362 conferencias de prensa en 522 días de gobierno, y de manera inédita, se ha prestado a responder cualquier pregunta, a atender casos locales, particulares y específicos que antes nunca le importaron a un presidente. Sin duda, el llamado “diálogo circular” ha ventilado, como nunca antes, la vida pública de México.
Pero, por otro lado, estamos ante un gobierno que descalifica todo aquello que no concuerde con su versión de la realidad; todas aquellas investigaciones periodísticas o coberturas que exhiban una falla, un vicio o un posible acto de corrupción, nepotismo o conflicto de interés en su gobierno.
Una administración que descalifica sin recato a los medios y periodistas que no le gustan, y que premia, alienta y utiliza a pseudoreporteros y yutubers para manipular las conferencias mañaneras, y para que las “benditas redes” sigan glorificando a la Cuarta Transformación.
En efecto, este gobierno está enfrentando una permanente campaña de desinformación y descalificación promovida por sus opositores formales e informales, a la que a veces involuntaria o voluntariamente, se suman medios y periodistas.
Basta asomarse a las redes sociales en esta época de emergencia sanitaria para corroborarlo, y para entender por qué el gobierno ha decidido desplegar la mañanera a horario vespertino, con tres horas más de programación con contenidos gubernamentales.
Qué bueno que, en una situación crítica, se informe exhaustivamente.
Lo malo es que reducir el tema a una dualidad entre información oficial y desinformación oficiosa –como si no hubiera matices ni puntos intermedios– no le sirve a nadie, ni siquiera al gobierno.
En una disputa entre blancos y negros, buenos y malos, quien pierde es el periodismo, quien pierde es la Libertad de Prensa, la democracia y la sociedad.
