“Aquél que no espera vencer, ya está vencido” (Benito Juárez).
Estamos en tiempos de optimismo fundado en los procesos de transición nacional. Se confía en que el viejo sistema neoliberal de relativización de valores y de mercantilización de las leyes y las conciencias va para afuera, que sus días están en cuenta regresiva mientras se abren paso las nuevas formas y prácticas en el sector público y en la sociedad como un todo.
De entrada, tenemos que reconocer que México es un enorme mosaico donde convergen diversas formas de mirar y juzgar lo mismo; que tenemos rezagos no de dos o tres sexenios sino de décadas de desidia y simulación, aderezadas con una perniciosa dependencia que, si bien es cierto que se profundizó a partir de los años 90, no puede decirse que carezca de antecedentes.
La república en su extensa complejidad parece ser un catálogo de formas de torcer la ley y burlarse alegremente de las normas constitucionales, aún desde el mismo seno del máximo tribunal constitucional. Baste recordar el nefasto papel que representó Eduardo Medina Mora en su calidad de Ministro.
En cierta medida nos hemos venido acostumbrado a que los derechos y obligaciones legales estén sujetos a negociaciones, componendas, pactos y ajustes que terminan desdibujando la línea divisoria entre aquello que es justo y lo que es simple y llanamente corrupción y clara violación de la ley.
En Sonora, por ejemplo, se presentan casos donde sólo basta con tener los contactos y recursos para torcer la legalidad y alterar gravemente el derecho de propiedad.
Pongo por caso la cantidad de predios que en forma irregular quedan en manos de personajes de la vida política o en las de sus socios y allegados.
Lo anterior se basa en las denuncias que en su momento han hecho públicas vecinos del vaso de la presa Abelardo L. Rodríguez sobre el desarrollo inmobiliario que se ha desplegado en la ciudad capital en terrenos que la memoria sitúa ya sea como nacionales o de origen ejidal (Dossier Político, 05/05/2008, Uniradio Noticias, 04/05/2013; Vigilia Sonora, varias entregas).
Somos un estado donde se pueden encontrar denuncias de abuso y tráfico de influencias en perjuicio de ciudadanos en el medio rural quejosos de que tal o cual pariente de alguien importante se ha apropiado de terrenos o aguas, o que hostiga a los legítimos propietarios con el apoyo de alguna autoridad (Forbes, 23/07/2018; Proceso, 13/09/2018, Regeneración, 19/11/2018); o que tal o cual ayuntamiento intervino en la venta de terrenos sin tener derecho a hacerlo, en beneficio de particulares (Uniradio Noticias, 01/07/2016).
Actualmente se tiene un repunte de la delincuencia y es complicado asegurar que en el corto plazo se tendrán avances en materia de seguridad pública, porque al parecer se tratan de resolver los casos sin mover la brújula hacia las causas, lo que implicaría un esfuerzo que difícilmente encaja en la mentalidad de los gobiernos de origen neoliberal, a pesar del cambio de rumbo nacional. Estamos en un país donde un sistema no termina de morir y otro no termina de nacer.
Son muchas historias que seguramente usted recordará y que, con el tiempo, pasan a formar parte del anecdotario de la corrupción y el cinismo que repudiamos cuando se presenta la ocasión.
En algunos casos, la herida social está tan viva que se vuelve tema recurrente en las noticias y las charlas de sobremesa. Entre ellos destaca lo correspondiente a la seguridad social.
Como usted recordará, el año pasado se recrudeció una dura lucha por el abasto de medicamentos y se dio carpetazo de mala y sospechosa manera a las demandas de nivelación pensionaria por parte de jubilados y pensionados contra el Isssteson, el cual literalmente cayó en el incumplimiento del contrato con los organismos afiliados y la propia Ley 38.
De hecho, en lo que va del actual gobierno (que fue en su arranque promisorio para los derechohabientes del Isssteson) se ha observado una política de carácter recaudatorio sin objetivamente ponerle ganas al rescate del escandaloso desfondo pensionario atribuido a la pasada administración, ni mucho menos al cumplimiento de su misión institucional.
Ha sido un período de promesas, manipulaciones informativas, dilaciones y demagogia, que han ocasionado la exasperación de los usuarios de los servicios médicos y sociales que por ley el Instituto debe otorgar.
A cada estallido de indignación le sigue una nueva ronda de explicaciones, actitudes intimidatorias y nuevas promesas de solución, instalaciones de mesas de negociación y de nueva cuenta promesas y dilaciones.
Los encuentros entre los quejosos, el Isssteson y los representantes del gobierno siempre ha sido así: mucho ruido y pocas nueces.
El pasado día 12, un contingente formado por profesores jubilados y pensionados de la sección 54 del SNTE y algunos grupos y personas solidarios, se instalaron en plantón en la esquina próxima a la casa de la señora gobernadora.
Su demanda fue clara: que se aumente el monto de la pensión en la misma medida en que aumentó el salario mínimo, tal como lo dispone el Artículo 59 y el Quinto transitorio de la Ley 38 del Isssteson.
El gobierno llamó a una “mesa de diálogo” para disuadir a los quejosos de la firmeza del sustento legal de su demanda y, sobre todo, que se levantara (de inmediato) el molesto plantón donde “no se resolvería nada”, a cambio de verse nuevamente, dentro de una semana, en las oficinas del Isssteson para plantear y acordar soluciones.
Concluido el encuentro con las autoridades, el plantón se levantó con un suspiro de alivio por parte de los empleados de la gobernadora, a cambio de una promesa de diálogo. Sin embargo, muchos piensan que de lo que se trata es que el gobierno cumpla llanamente con lo dispuesto en la Ley 38 y que debe evitarse caer una vez más en garras de la demagogia.
Mientras se cumple el plazo para la próxima cita, flota en el aire la posibilidad de que a cambio del 20 por ciento reclamado, se les quite el porcentaje que ilegalmente se les descuenta por concepto de servicios médicos, que para los jubilados del SNTE representa el 4 ciento.
¿Se imagina cambiar el 20 por ciento establecido por la ley por un porcentaje de aumento muy menor? Usted dirá si esta es una buena negociación y, de ser así, a quién pudiera realmente beneficiar.
