La investigación por el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán, registra un avance del 90 por ciento tras aproximadamente 10 meses de indagatorias. La Fiscalía General del Estado (FGE) sostiene que el crimen estuvo relacionado con las acciones que el exfuncionario emprendió contra grupos delictivos en la región y descarta que exista un móvil político.
El encargado del despacho de la FGE, Israel Vega Rodríguez, señaló que el ataque “fue consecuencia de las acciones frontales que realizaba en el municipio y la región contra los grupos delictivos”.
El funcionario indicó que aún hay diligencias pendientes relacionadas con René Belmonte, alias El Rino, detenido el 27 de agosto de 2025 y señalado como presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con Vega Rodríguez, el detenido tiene un vínculo familiar con algún funcionario del Ayuntamiento de Uruapan.
El responsable de la Fiscalía estatal reiteró que el asesinato estaría relacionado con los esfuerzos de Manzo por expulsar a los grupos criminales de la zona. “Eso le costó la vida”, afirmó.
Durante una conferencia de prensa, Vega Rodríguez presentó un recuento de las acciones realizadas desde el 1 de noviembre de 2025, fecha en que el entonces alcalde fue asesinado a balazos en Uruapan. Entre los resultados, destacó la detención de 33 personas, entre autores materiales e intelectuales y otros presuntos integrantes de la célula delictiva involucrada.
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Respecto a la solicitud de que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso, planteada por la actual alcaldesa Grecia Quiroz, viuda de Manzo, y miembros del Movimiento del Sombrero, Vega Rodríguez explicó que la investigación continúa bajo competencia estatal. No obstante, aseguró que existe disposición para que la instancia federal asuma el expediente si así lo determina.
En cuanto a los señalamientos difundidos en medios de comunicación contra figuras políticas como el senador Raúl Morón y el exalcalde de Uruapan Ignacio Campos, el vicefiscal sostuvo que no existen elementos que apunten a un móvil político ni una línea de investigación en ese sentido, pese a que todavía quedan diligencias por concluir.
