Foto: La Jornada
La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, denunció la existencia de un supuesto plan para encarcelarla y apartarla del cargo que asumió tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo.
A través de una publicación en Facebook, Quiroz afirmó que pretenden difamarla e “inventarle cosas”, aunque no proporcionó detalles ni identificó a las personas que, según señaló, estarían detrás de esas acciones.
“Les duele que ya no pueden robarse el dinero que obtenían de Uruapan”, expresó la alcaldesa, quien acusó a “los mismos corruptos de siempre” de intentar derrocarla y recurrir a las fiscalías para separarla del gobierno municipal. Hasta el momento, no existen pruebas públicas que sustenten la existencia del supuesto plan denunciado por Quiroz.
De acuerdo con la legislación municipal de Michoacán, ante una ausencia prolongada de la presidencia municipal, la síndica o el síndico puede quedar al frente de manera provisional, mientras que, en caso de una ausencia definitiva, corresponde al Congreso del Estado designar a quien deba sustituir a la persona titular. La normativa no establece que el cargo pase automáticamente a la esposa o a otro familiar.
Las declaraciones de Quiroz ocurren en medio de la disputa política rumbo a la elección de gobernador de Michoacán en 2027. Un análisis de SinEmbargo Lab sobre 2 mil 115 mensajes en redes sociales identificó que Movimiento Ciudadano, Ricardo Salinas Pliego, medios de Grupo Salinas y distintas cuentas digitales han amplificado contenidos que presentan a Quiroz como una figura opositora con proyección estatal. La propia alcaldesa ha reconocido su interés en buscar la gubernatura.
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En paralelo, la Fiscalía de Michoacán informó el 10 de septiembre que Quiroz aún no había entregado los teléfonos celulares de Carlos Manzo, solicitados en tres ocasiones para incorporarlos a la investigación de su homicidio. Su defensa argumentó temor a una interpretación o manejo indebido de los equipos y planteó entregarlos directamente a la Fiscalía General de la República (FGR) si esta atraía el caso. La fiscalía estatal señaló entonces que no existían elementos suficientes para requerir a la alcaldesa como investigada por el asesinato.
