El Partido Acción Nacional pudo haber denunciado las prácticas ilegales que usa el oficialismo para anticipar las campañas y posicionar a sus candidatos meses antes de lo que la ley establece. Pudo convertirse en un referente de legalidad y respeto a las instituciones, pero hace mucho que el PAN enunció a ser un referente ético.
En lugar de acudir al Instituto Nacional Electoral y a los organismos locales electorales de los estados para denunciar los actos anticipados de campaña de las corcholatas morenistas, y exigir que las autoridades investiguen cómo se están financiando los recorridos y asambleas ilegales de 277 personas que compiten por una candidatura a gobernador en Morena, el PAN decidió hacer lo mismo: simular procesos internos para designar y destapar a sus candidatos en los 17 Estados en los que se renovarán las gubernaturas en 2027.
Si Morena, Verde y PT se inventaron eso de “coordinaciones de la defensa de la transformación y la soberanía nacional”, el partido dirigido por Jorge Romero creó la figura de “coordinadores de la defensa de la patria, la familia y la libertad”.
Bajo ese eufemismo, el PAN ha hechjo dos nombramientos formales desde lo nacional, y dos desde lo local.
En Baja California Sur designó al diputado federal y exalcalde de Comondú, Francisco Pelayo Covarrubias, quien será su seguro candidato a la gubernatura, en un intento por recuperar un estado que el PAN gobernó hace una década.
En Tlaxcala optó por la diputada y exdirigente local, Miriam Martínez Sánchez, buscando, igualmente, recuperar la hegemonía que llegaron a tener en tiempos de Felipe Calderón.
En Chihuahua, la dirigencia estatal ya designó al presidente municipal de la capital, Marco Bonilla Mendoza, quien no ha pedido licencia al cargo y está a la espera de la designación oficial como coordinador por parte del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Bonilla, un enviado de la gobernadora Maru Campos a la contienda, ha dicho que prefiere ser candidato de una coalición opositora, pues sabe que solo si lo respalda el PRI tiene posibilidades de ganarle a quien vaya a ser candidato de la 4T.
De la misma manera, en Michoacán el Comité Directivo Estatal del PAN nombró al alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, como “coordinador para la defensa del cambio y la familia”. Se adelantaron a Jorge Romero, pues también quieren construir una alianza desde lo local con el PRI, como la que postuló a Poncho Martínez a la alcaldía de Morelia en 2021 y 2024.
Otros estados ya tienen definiciones que aún no son anunciadas. Sonora es uno de ellos, donde la cúpula panista se dio cita el pasado viernes en el informe de Gobierno del presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán, para destaparlo al viejo estilo: con cargada y un despliegue publicitario importante. Jorge Romero dijo, en su visita a Hermosillo, que Astiazarán es el “candidato natural” y que existen conversaciones con el PRI en torno a una posible alianza para postularlo.
Otro panista que ya está en campaña anticipada es Miguel Varela, presidente municipal de Zacatecas, quien desde marzo recibió un nombramiento informal por parte de Jorge Romero como “coordinador para impulsar una agenda centrada en familia, libertad y seguridad”. Varela tampoco ha solicitado licencia, aunque en su reciente informe de Gobierno ya utilizó el lema de “el cambio ya comenzó”, que anuncia su postulación.
En Querétaro, donde el PAN es gobierno, tres perfiles buscan la coordinación de defensa de la patria: Felipe Fernando Macías, presidente municipal de la capital y favorito en el panismo; el senador Agustín Dorantes y el secretario estatal de Desarrollo Social Luis Bernardo Nava.
En Aguascalientes, la actual mandataria, Teresa Jiménez, tiene como delfín al alcalde de la capital, Leonardo Montañez Castro, que deberá medirse con el senador Juan Antonio Martín del Campo, que por tercera vez busca la postulación panista.
Baja California, que fuera un enclave panista de 1989 a 2019, tenía una lista de tres o cuatro aspirantes que se han vuelto irrelevantes gracias a la irrupción de Verónica Ruffo, hija del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador de oposición actualmente en prisión preventiva por la acusación de dirigir una red de huachicol fiscal.
En San Luis Potosí, despunta el alcalde de la capital Enrique Galindo. En Quintana Roo, la senadora Mayuli Martínez; en Colima, la senadora Mely Romero; en Nayarit, la senadora Ivideliza Reyes, y en Sinaloa, la diputada local panista Roxana Rubio y la priista Paola Gárate, quien curiosamente se ha inscrito en el proceso interno panista.
Campeche, Guerrero y Nuevo León son tres terrenos baldíos para el PAN, donde lo más seguro es que terminen uniéndose a las candidaturas del PRI. Especialmente en el norte, donde es inminente la candidatura de Adrián de la Garza, el actual alcalde de Monterrey que compite en popularidad con los posibles aspirantes de Movimiento Ciudadano.
El dilema para Acción Nacional no era menor: denunciar con fuerza la simulación e ilegalidad de los procesos de Morena, o imitarlos para no rezagarse. Entre la ética y el pragmatismo, la dirigencia de Jorge Romero decidió la segunda, echando por tierra la larga tradición panista de honestidad y aquello de la “brega de eternidad” que defendían sus fundadores.
Si el PAN hizo lo mismo que el PRI cuando logró derrotarlo, ¿por qué no habría de imitar ahora a Morena? La pregunta es si se le puede ganar a Morena haciendo lo mismo que Morena.
