La Embajada de Estados Unidos en México volvió a colocar el combate al crimen organizado en el centro de su comunicación pública, al celebrar la imputación de cargos criminales contra un presunto operador del Cártel del Golfo en territorio estadounidense y acompañar el anuncio con una advertencia que generó especial atención: “apoyar a los narcoterroristas tiene consecuencias”.
Aunque el mensaje fue publicado en el contexto de un proceso judicial en Estados Unidos, la expresión ocurre en un momento de creciente presión de la administración de Donald Trump sobre México para que las autoridades actúen no solamente contra integrantes de organizaciones criminales, sino también contra funcionarios públicos que, de acuerdo con señalamientos estadounidenses, pudieran tener vínculos con ellas.
La presión se hizo explícita esta semana, luego de que Trump firmara la denominada “Determinación presidencial sobre el principal tránsito de drogas o los principales países productores de drogas ilícitas para el año fiscal 2027”, documento en el que su administración señaló a México por los niveles de producción y tránsito de drogas y reclamó acciones contra funcionarios presuntamente relacionados con los cárteles.
En el documento, Trump pidió a México “exhibir, arrestar y procesar a los muchos funcionarios públicos corruptos que han ayudado e instigado a los carteles y traicionado la seguridad y soberanía de su propio país”.
El pronunciamiento se suma a una serie de mensajes provenientes de Washington en los que se ha utilizado de manera recurrente el término “narcoterrorismo” para referirse a las organizaciones criminales mexicanas. Esta retórica ha coincidido además con versiones difundidas por medios estadounidenses sobre posibles escenarios de acciones contra los cárteles dentro de territorio mexicano, un asunto que ha generado tensión en la relación bilateral.
La postura estadounidense también ha alcanzado a representantes diplomáticos de alto nivel. El pasado 11 de septiembre, durante la conmemoración de los atentados terroristas de 2001 contra Estados Unidos, el embajador Ronald Johnson hizo referencia a los cárteles mexicanos dentro de un discurso en el que también evocó a Al-Qaeda, responsable de aquellos ataques.
Dos días después, durante la celebración del Grito de Independencia de México, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dedicó buena parte de su mensaje de felicitación a México a advertir sobre lo que calificó como una “epidemia de delincuencia organizada internacional y narcoterrorismo, migración indocumentada masiva, y violencia de los cárteles que se han permitido enquistar en México”.
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De esta manera, el mensaje difundido por la Embajada estadounidense no se limita al caso judicial que le dio origen: se inserta en una comunicación diplomática cada vez más enfocada en el combate a los grupos criminales y en la exigencia de acciones contra las redes de corrupción y colaboración política que Washington sostiene que existen alrededor de estas organizaciones.
