Ciudad de México.- La red de huachicol fiscal presuntamente encabezada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías habría utilizado una estructura de complicidades dentro de aduanas y otras instituciones para facilitar el ingreso ilegal de hidrocarburos a México, de acuerdo con nuevos detalles dados a conocer por la Fiscalía General de la República (FGR).
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, señaló que existen datos de prueba que actualmente son analizados por el Poder Judicial de la Federación y que apuntan a que los llamados “Primos” habrían asegurado el funcionamiento de la organización mediante el control de puestos estratégicos.
“Manuel Roberto ‘N’ y Fernando ‘N’ destacaban para asegurar capacidad de importación, traslado, almacenamiento y distribución del hidrocarburo ingresado de manera ilegal”, explicó Godoy.
Según la investigación, personas vinculadas con la organización habrían intervenido en la designación, ascenso y movimiento de personal en aduanas marítimas, la Administración Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Marina (Semar). La FGR sostiene que Manuel Roberto “N” gestionaba directamente algunos de esos nombramientos y promociones.
Hidrocarburos declarados como aceite o aditivos
Como parte de las pesquisas, agentes de la FGR catearon una bodega que Roberto “N” rentaba en la Ciudad de México. En el inmueble fueron localizados artículos de lujo, listados relacionados con aduanas marítimas, expedientes de integrantes de la Marina y altos mandos navales, documentos clasificados como reservados y confidenciales, así como armas que no contaban con el registro correspondiente.
La indagatoria señala que los cargamentos de hidrocarburos provenían principalmente de Texas y eran declarados como aceite o aditivos, con el propósito de modificar el tratamiento fiscal de las mercancías y facilitar su ingreso al país.
La Fiscalía también sostiene que funcionarios y agentes aduanales presuntamente involucrados recibían pagos por cada embarque autorizado y que los controles de inspección eran manipulados para evitar detectar el verdadero contenido de los buques.
“Las inspecciones cuando llegaban a realizarse eran una simulación. La red criminal garantizaba muestreos superficiales, la aprobación de volúmenes manipulados o maniobras para que el hidrocarburo fuera liberado de la aduana sin revisión”, afirmó la titular de la FGR.
Cámaras desactivadas y empresas fachada
De acuerdo con la investigación, los integrantes de la organización también coordinaban las fechas de llegada de los buques y presuntamente desactivaban cámaras de vigilancia para evitar registros de las maniobras de descarga.
Una vez que el hidrocarburo salía de los recintos portuarios, era movilizado mediante tres empresas formalmente constituidas, alrededor de las cuales operaban sociedades fachada y movimientos financieros que, según la FGR, tenían como finalidad ocultar el origen de los recursos obtenidos por la comercialización del producto.
La Fiscalía resumió el esquema investigado en varias etapas: ingreso ilegal de cargamentos por vía marítima, alteración de registros, participación de funcionarios aduanales, inspecciones presuntamente simuladas y operaciones destinadas a ocultar las ganancias.
Las pesquisas abarcan operaciones realizadas en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México, mientras los investigadores siguen la pista de accionistas, representantes legales y otros enlaces que habrían participado en distintas fases de la operación.
Godoy aclaró que las conductas presuntamente cometidas por servidores públicos deben atribuirse a las personas involucradas y no a las instituciones en las que trabajaban. Asimismo, destacó la colaboración del actual secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, en el desarrollo de las investigaciones.
“La responsabilidad es individual y todo acto ilegal será sancionado. Quien usó un uniforme, un cargo público o una aduana para servir al crimen, responderá ante la justicia”, sostuvo.
La fiscal general aseguró que las investigaciones continuarán para determinar responsabilidades y advirtió que la FGR mantendrá las acciones contra quienes hayan participado en el esquema.
“Donde haya impunidad habrá investigación. Donde haya crimen, habrá consecuencias”.
