Por Hugo Moreno Freydig
Cuando hablamos de subsidiar el transporte público, normalmente pensamos en cuánto dinero debe aportar el gobierno para mantener bajas las tarifas. Sin embargo, pocas veces nos preguntamos cuánto nos cuesta como sociedad no tener un transporte público eficiente. El verdadero debate quizá no debería ser cuánto cuesta subsidiarlo, sino cuánto cuesta no hacerlo.
Países como Suiza han asumido desde hace décadas que el transporte público es de interés colectivo y destinan importantes recursos públicos para mantener y ampliar sus sistemas. Pero existe un caso todavía más interesante: Luxemburgo. Desde marzo de 2020, el país ofrece transporte público gratuito en autobuses, tranvías y trenes para residentes y visitantes. Antes de eliminar las tarifas, el transporte público luxemburgués ya estaba subsidiado entre 90 y 94% de sus costos. La eliminación de los boletos representó inicialmente alrededor de 41 millones de euros anuales, aproximadamente 820 millones de pesos mexicanos, una cantidad relativamente pequeña frente al costo total de operación del sistema.
La experiencia de Luxemburgo también muestra que subsidiar o incluso hacer gratuito el transporte no es suficiente. La medida fue acompañada por inversiones para ampliar la infraestructura, mejorar las rutas y aumentar la capacidad del sistema. La OCDE señala que el uso del tranvía aumentó 52% durante el primer semestre de 2022 respecto al mismo periodo de 2021. Sin embargo, también advierte que la gratuidad por sí sola no garantiza que las personas abandonen el automóvil. La frecuencia, cobertura, conectividad, puntualidad y calidad del servicio siguen siendo determinantes.
Pero, ¿por qué subsidiar entonces? Porque un buen transporte público genera beneficios que van mucho más allá del viaje de una persona. Cada usuario que puede moverse sin necesidad de carro representa potencialmente menos vehículos circulando, menor presión para construir y mantener calles y estacionamientos y menos congestión, contaminación y siniestros viales.
En Hermosillo tenemos un dato que permite dimensionar el problema. Un estudio del IMCO estimó que en 2018 la congestión vehicular generaba un costo anual cercano a 1,000 millones de pesos actuales sin considerar inflación. Además, cada habitante perdía en promedio casi 50 horas al año en el tráfico.
Por otro lado, el análisis de sostenibilidad financiera del transporte público de Hermosillo realizado por Hermosillo ¿Cómo Vamos? estimó que durante 2024 el sistema recibió alrededor de 723 millones de pesos de subsidio público, mientras que los usuarios aportaron aproximadamente 218 millones mediante las tarifas. El contraste resulta interesante: el costo estimado de la congestión en Hermosillo es mayor que el subsidio anual destinado al transporte público.
Existe además un costo que no siempre vemos cuando hablamos de movilidad: los siniestros viales. El IMCO estimó que en 2018 los hechos de tránsito representaron para México un costo económico y social de entre 174 mil y 204 mil millones de pesos, incluyendo gastos médicos, daños materiales, pérdida de productividad y pérdida de capital humano por muertes y lesiones.
El beneficio económico de un buen transporte público tampoco se limita al gobierno. Para las empresas, contar con trabajadores que puedan llegar de manera confiable, segura y menos estresada, así como reducir retrasos y ampliar el acceso a una fuerza laboral que no necesariamente posee automóvil. Para las familias, significa gastar menos en combustible, mantenimiento, estacionamiento y adquisición de vehículos. Y para los trabajadores, significa recuperar horas que actualmente se pierden en el tráfico.
Por eso, cuando una ciudad como Hermosillo analiza cuánto invertir en transporte público, no debería comparar únicamente el costo del autobús contra el precio del boleto. También debería calcular cuánto cuesta construir y mantener infraestructura para automóviles, atender las consecuencias de los siniestros viales y de la contaminación, perder horas de trabajo en el tráfico y sacrificar tiempo que las personas podrían dedicar a sus familias.
Subsidiar el transporte público no significa simplemente regalar viajes. Significa invertir colectivamente en un sistema que puede reducir costos individuales y sociales mucho mayores. Luxemburgo demuestra que incluso es posible eliminar completamente la tarifa, pero también demuestra que la gratuidad funciona mejor cuando forma parte de una estrategia integral de movilidad y está acompañada por un sistema de calidad.
La decisión política no se limita a cuánto dinero cuesta mover a una persona en transporte público, sino cuánto nos cuesta como ciudad obligar a las personas a depender de un automóvil.
El autor es Arquitecto, Maestro en Ciencias Ambientales y activista por la movilidad sostenible, accesibilidad universal y seguridad vial. Cofundador del despacho de urbanismo y arquitectura: UrbanDot.mx. Integrante de la Mesa de Movilidad de HCV.
