Mientras Morena enfrenta cuestionamientos por sus procesos internos rumbo a 2027, sin que el Instituto Nacional Electoral (INE) tome alguna medida, el organismo se prepara para monitorear durante las precampañas y campañas algo más que el tiempo y tono de la cobertura: también registrará recursos como la ironía y el sarcasmo utilizados en programas de radio y televisión al hablar de personas precandidatas y candidatas.
El criterio aparece en el Anexo 1 de la metodología aprobada en junio de 2026 para el monitoreo de transmisiones noticiosas durante el Proceso Electoral Federal 2026-2027. La denominada Variable 14 contempla los “mecanismos discursivos indirectos de descalificación”, entre ellos la ironía, el sarcasmo, la minimización, la infantilización y los cuestionamientos implícitos a la legitimidad.
En los hechos, el monitoreo pondrá bajo observación no solo qué se dice de los candidatos, sino también cómo se dice.
El INE ha aclarado que este mecanismo no representa censura previa ni implica, por sí mismo, sanciones directas contra periodistas o medios de comunicación. El seguimiento será realizado por una institución de educación superior y los resultados se harán públicos cada 15 días como parte de un ejercicio de información sobre la cobertura electoral.
Sin embargo, el problema está en otro terreno: ¿quién y con qué criterios decide cuándo un comentario es ironía, sarcasmo o una forma indirecta de descalificación?
El temor: que el periodista termine midiéndose antes de hablar
La valoración de un tono, una frase o incluso un comentario humorístico depende necesariamente de la interpretación de quien realiza el monitoreo. Y ahí surge el riesgo de que conductores, analistas y reporteros opten por moderar su estilo para evitar aparecer señalados en un reporte oficial.
La preocupación es que, aunque no exista una multa automática, el monitoreo pueda generar un efecto de autocensura preventiva, especialmente en programas de opinión, debate y análisis político, donde la crítica, la sátira y el uso de recursos retóricos forman parte habitual del discurso.
La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) llevó el tema ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), precisamente por el posible riesgo de que estos criterios terminen generando autocontrol editorial.
El INE sostiene que el objetivo es generar información pública sobre el tratamiento que reciben las candidaturas y detectar posibles formas de menosprecio o discriminación, particularmente contra mujeres y grupos históricamente discriminados.
Pero la discusión abre una paradoja rumbo a la elección de 2027: mientras los actos y procesos políticos anticipados generan constantes debates sobre la capacidad de la autoridad electoral para poner límites, ahora el periodismo podría enfrentar un escrutinio cada vez más detallado sobre el tono de sus críticas.
No se trata, al menos formalmente, de una prohibición para ironizar ni de una sanción automática por hacer sarcasmo. El punto delicado será la aplicación de estos criterios y el uso que se dé a los reportes.
Lee también: “No soy prófugo”: responde Cabeza de Vaca a Sheinbaum; acusa persecución política
Porque cuando la línea entre una crítica legítima y una “descalificación indirecta” depende de una interpretación subjetiva, el riesgo no necesariamente es que alguien prohíba hablar. Puede ser que algunos decidan hablar menos para evitar problemas.
