Hermosillo, Sonora.- La acusación en Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya señala presuntos vínculos con una estructura que habría brindado protección a Los Chapitos y facilitado operaciones de narcotráfico, de acuerdo con lo expuesto por el periodista Arturo Ángel en Proyecto Puente con Luis Alberto Medina.
Entre los señalamientos se encuentra el de conspiración para cometer narcotráfico en favor de Los Chapitos, una investigación que, según lo explicado durante la entrevista, tiene más de tres años y derivó en una acusación contra Rocha y otros nueve exfuncionarios de Sinaloa.
La acusación estadounidense sostiene que funcionarios vinculados al entonces gobierno de Rocha habrían dado protección a operaciones de Los Chapitos y facilitado el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.
Además, señala un componente político relacionado con la elección de Rocha a la gubernatura de Sinaloa.
De acuerdo con lo expuesto, la investigación también plantea que el supuesto acuerdo habría comenzado antes de que Rocha ganara la elección, con presunto apoyo económico e intimidación a candidatos rivales.
Posteriormente, ese respaldo habría derivado en protección para las operaciones del grupo criminal.
El caso permanece vigente y, según la información presentada, existen órdenes de arresto contra los señalados.
Además, dos exfuncionarios de Sinaloa acusados junto con Rocha, Gerardo Mérida y Enrique Díaz Vega, ya se entregaron a las autoridades estadounidenses y estarían negociando acuerdos de colaboración.
La acusación también cuenta con testimonios de personas que, de acuerdo con Arturo Ángel, podrían ser utilizados por Estados Unidos en un eventual proceso judicial.
Sin embargo, para que un juicio contra Rocha pueda comenzar, tendría que encontrarse presente ante una Corte Federal de Manhattan, según lo explicado en la entrevista.
El tema cobra relevancia ante la reciente discusión sobre el regreso de Rocha al gobierno de Sinaloa.
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Durante la entrevista se cuestionó la aparente contradicción entre la defensa que ha hecho el gobierno mexicano de que no existen pruebas contra el mandatario estatal y las decisiones políticas tomadas alrededor de su retorno al cargo.
