Una coalición de 25 estados de Estados Unidos presentó este lunes una demanda contra el presidente Donald Trump y su Administración para impugnar los nuevos aranceles globales de entre 10 % y 12.5 % aplicados a las importaciones de la mayoría de los socios comerciales del país. Los demandantes sostuvieron que las medidas son ilegales y solicitaron su anulación.
La demanda fue impulsada por los estados de Oregón, Arizona y California, y respaldada por otras 22 entidades, todas gobernadas por demócratas. El recurso fue presentado ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, en Manhattan.
En el documento, los estados argumentaron que los aranceles impuestos por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) son tan amplios que contradicen los objetivos declarados por la propia Administración y exceden las facultades previstas por la legislación.
La nueva ronda de gravámenes fue decretada a finales de julio, horas antes de que expirara un arancel temporal del 10 %. La Administración justificó la medida con base en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que autoriza la imposición de restricciones comerciales en respuesta a prácticas consideradas desleales. En este caso, el Gobierno citó una investigación sobre el uso de trabajo forzoso en el extranjero.
Los estados demandantes señalaron que rechazan el trabajo forzoso y respaldan la protección de los derechos laborales, pero afirmaron que ese argumento no puede utilizarse como fundamento para mantener un programa arancelario que consideran contrario a la ley.
Asimismo, sostuvieron que el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, incumplió los procedimientos legales establecidos para aplicar este tipo de medidas, por lo que solicitaron que los aranceles sean anulados y que se reembolsen los depósitos pagados por los importadores afectados.
Antecedentes judiciales
La demanda representa un nuevo capítulo en la disputa legal entre la Administración Trump y diversas coaliciones de estados y empresas por la política arancelaria impulsada por el mandatario.
En febrero, el Tribunal Supremo determinó que los aranceles globales impuestos con fundamento en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) eran ilegales. A partir de esa resolución, miles de empresas solicitaron la devolución de aproximadamente 166 mil millones de dólares recaudados mediante esos gravámenes.
Tras ese fallo, Trump impuso un arancel global del 10 % con base en el artículo 122 de la Ley de Comercio. Aunque un tribunal especializado también lo declaró ilegal, permitió que permaneciera vigente mientras se resolvía el proceso de apelación, hasta su vencimiento el mes pasado.
Los aranceles más recientes también enfrentan otras impugnaciones. Entre ellas figura una demanda presentada por las empresas Burlap and Barrel Inc. y Collective Horology LLC, cuyos representantes sostuvieron que la investigación realizada por el USTR no cumplió con el requisito de analizar de manera específica las prácticas comerciales de cada país.
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Las compañías argumentaron que la autoridad comercial basó su decisión en afirmaciones generales sobre el trabajo forzoso y las cadenas globales de suministro, sin demostrar de qué manera las prácticas de cada economía afectaban o restringían el comercio de Estados Unidos (Europa Press).
