Leopoldo Maldonado, Relator Especial designado por la ONU para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, advirtió que los nuevos Lineamientos Generales para Garantizar la Protección de los Derechos de las Audiencias, que serán sometidos a consulta pública, plantean preocupaciones por el alcance de las facultades que otorgarían a la autoridad para intervenir en la evaluación de contenidos informativos.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, precisó que aunque asumirá formalmente el cargo internacional el próximo 1 de agosto, sus comentarios los hace en calidad de experto en libertad de expresión y con base en el análisis realizado durante su labor como director de la organización Artículo 19 para México, Centroamérica y el Caribe.
Explicó que la Artículo 19 prepara una serie de observaciones sobre el proyecto, aunque adelantó algunos de los principales puntos de preocupación. Entre ellos, señaló la posibilidad de que una comisión reguladora determine qué información puede considerarse falsa o descontextualizada.
“No es recomendable, bajo ninguna circunstancia, que el Estado en su conjunto pueda determinar la veracidad de la información, menos lo es que, repito, sea un organismo sin estas condiciones de imparcialidad”, afirmó.
Indicó que el artículo 13 de los lineamientos incorpora conceptos amplios como la falsedad de la información, la descontextualización o la presentación de información del pasado en el presente, cuyos alcances, dijo, no están claramente definidos.
Maldonado sostuvo además que el proyecto excede las facultades reglamentarias previstas en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Recordó que durante la discusión legislativa sobre los derechos de las audiencias nunca se planteó que estos pudieran utilizarse para restringir la libertad de expresión.
Explicó que tanto los tratados internacionales como la Constitución mexicana conciben la libertad de expresión como el derecho a buscar, difundir y recibir información, por lo que limitar cualquiera de esas dimensiones afecta también el derecho colectivo de las audiencias.
“Estos lineamientos le hacen un flaco favor a las audiencias para garantizar su derecho colectivo a recibir información, y más bien parece que se está encaminando a arrogarse por parte del Poder Ejecutivo una serie de facultades que no le da la ley”, señaló.
El especialista reconoció que los lineamientos sí prevén la existencia de defensorías de las audiencias y códigos de ética en los medios de comunicación. Sin embargo, consideró que la propuesta incorpora un procedimiento adicional que permitiría a quienes no queden conformes con la resolución de una defensoría acudir ante la comisión reguladora, instancia que incluso podría revisar la veracidad de la información y aplicar sanciones económicas.
De acuerdo con el proyecto, las multas podrían oscilar entre el 0.1% y el 1% de los ingresos acumulables anuales del concesionario de radio o televisión. Para Maldonado, ese esquema generaría un efecto inhibitorio desde su entrada en vigor.
“La mera vigencia de estos lineamientos va a trastocar la propia dinámica informativa y por supuesto va a generar un efecto de autocensura porque los concesionarios no se van a querer arriesgar a recibir este tipo de multas”, sostuvo.
Añadió que no sería necesario que existiera una sanción concreta contra un periodista o un medio para que se produjera ese efecto, pues la sola posibilidad de ser objeto de procedimientos y multas modificaría la manera en que se desarrolla la actividad informativa.
También se refirió a las comparaciones que hizo previamente con regulaciones existentes en otros países. “Por lo menos lo que se tiene documentado son este tipo de regulaciones en esos países”, respondió al ser cuestionado sobre referencias a naciones como Nicaragua, Cuba, Tailandia e India.
Al explicar el caso de Nicaragua, señaló que diversas reformas impulsadas por el gobierno de Daniel Ortega han permitido al Estado intervenir en el control de la información mediante disposiciones relacionadas con propaganda extranjera, terrorismo o sedición.
A su juicio, el elemento de fondo es la capacidad que se otorga a un organismo del Poder Ejecutivo para revisar y regular contenidos en radio y televisión.
“En el fondo está eso, la capacidad que se le está dando en este caso a un organismo del Ejecutivo de regular y revisar y hacer auditoría de contenidos en radio y televisión”, dijo.
Maldonado subrayó que esta discusión se refiere específicamente a los medios concesionados y la distinguió del debate internacional sobre la regulación de plataformas digitales y redes sociales, donde, indicó, continúa la discusión sobre los modelos regulatorios, procurando que no impliquen control sobre los contenidos.
Advirtió que la experiencia internacional muestra que regulaciones justificadas con objetivos como el combate al terrorismo, la seguridad nacional o la protección de las infancias pueden terminar afectando el flujo de información y generando efectos inhibitorios sobre la libertad de expresión, al instrumentalizar fines legítimos para restringir ese derecho.
