Hermosillo, Sonora.- La muerte de Dafne, una adolescente de 13 años que perdió la vida tras asistir a un campamento de verano en una academia militarizada de Tamaulipas, ha puesto bajo la lupa un tema que durante años permaneció sin mayor escrutinio: la regulación, supervisión y vigilancia de las academias militarizadas privadas en México.
Más allá de las investigaciones penales por el caso, especialistas coinciden en que la tragedia expone posibles vacíos institucionales y la necesidad de revisar cómo operan estos espacios.
¿Quién debe supervisar estas academias?
Uno de los principales cuestionamientos planteados durante el análisis es que las academias militarizadas privadas no dependen de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
De hecho, se recordó que la propia dependencia se deslindó de estas instituciones, al señalar que no forman parte del sistema educativo militar oficial.
Ante este escenario, el abogado Guillermo Aguirre consideró en Proyecto Puente, que la autoridad que debería regular este tipo de centros es la Secretaría de Educación Pública (SEP), al tratarse de instituciones que trabajan con niñas, niños y adolescentes.
“A mí me parece que quien debe de regular este tipo de instituciones es la Secretaría de Educación Pública”.
El caso de Dafne evidenció posibles focos de alerta
Durante el análisis también se expusieron aspectos del caso que, a juicio de las especialistas, debieron representar señales de advertencia desde el inicio.
La psicóloga Mariel Montes señaló que en el campamento únicamente había cinco adolescentes inscritos y que Dafne era la única mujer, situación que, consideró, debió analizarse antes del ingreso de la menor.
Asimismo, recordó que las investigaciones han derivado en la detención de directivos de la academia y que alrededor del caso han surgido denuncias públicas de otras personas que aseguran haber sufrido presuntos abusos en instituciones similares, aunque enfatizó que corresponde a las autoridades determinar responsabilidades.
Disciplina no debe confundirse con violencia
Los especialistas coincidieron en que el debate no debe centrarse en cuestionar la existencia de las escuelas militarizadas, sino en garantizar que operen bajo estándares de seguridad y respeto a los derechos humanos.
Guillermo Aguirre sostuvo que existen instituciones de este tipo con prestigio y enfoque formativo, pero advirtió que el problema surge cuando la disciplina se sustituye por prácticas violentas.
“Si es una institución que promueve valores, que promueve la disciplina y el respeto, esa es una buena institución”.
“Y si es una institución que utiliza la violencia para imponer una determinada conducta, creo que ahí es donde se desvía el propósito”.
En el mismo sentido, la psicóloga Carolina Burgos afirmó que no debe generalizarse el funcionamiento de todas las academias militarizadas, ya que existen instituciones que privilegian la disciplina, el trabajo en equipo y los valores.
Sin embargo, reconoció que el contexto actual de violencia entre adolescentes obliga a revisar con mayor atención estos espacios.
Falta de inspecciones y controles
Otro de los puntos centrales fue la ausencia de mecanismos claros para verificar las condiciones en las que operan estas instituciones.
Mariel Montes cuestionó quién evalúa aspectos como la infraestructura, la preparación del personal, los protocolos de seguridad y la calidad educativa, además de señalar que las personas responsables de menores deberían someterse a evaluaciones y procesos de supervisión permanentes.
También planteó que las instituciones que trabajan con adolescentes deben contar con personal capacitado, acompañamiento psicológico y protocolos que permitan prevenir cualquier forma de abuso o violencia.
El papel de las familias
Los participantes coincidieron en que la responsabilidad no recae únicamente en las autoridades o en las instituciones.
Carolina Burgos hizo un llamado a que madres y padres investiguen previamente los lugares donde inscriben a sus hijos, conozcan quiénes serán los responsables de su cuidado y revisen las condiciones en las que operan estos espacios antes de tomar una decisión.
Por su parte, Guillermo Aguirre señaló que la disciplina comienza en casa y que las academias no deben verse como una solución para resolver problemas de conducta.
“No podemos confundir lo que es la disciplina con la violencia”.
Un caso que reabre el debate
Para los especialistas, el fallecimiento de Dafne no solo abrió una investigación sobre lo ocurrido dentro de una academia militarizada, sino que también puso sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión, regulación y protección de menores en cualquier institución que trabaje con niñas, niños y adolescentes.
Además, consideraron que el caso representa una oportunidad para que las autoridades revisen los requisitos con los que operan estos centros y establezcan controles que permitan prevenir hechos similares en el futuro.
