Los bombardeos marítimos de Estados Unidos contra presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico han dejado víctimas mexicanas en aguas internacionales.
De acuerdo con una investigación del medio Los Angeles Times, al menos 13 mexicanos murieron como consecuencia de estos ataques militares estadounidenses.
El caso más relevante ocurrió el 16 de febrero de 2026, cuando misiles estadounidenses destruyeron embarcaciones que habían partido de la costa del Pacífico y en el que murieron ocho pescadores.
Siete de las víctimas eran originarias de La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, y una de Cabo Corrientes, Jalisco.
Según residentes de la zona, los jóvenes buscaban ingresos adicionales transportando gasolina para abastecer a las lanchas rápidas utilizadas por narcotraficantes en alta mar.
Un pescador de la comunidad afirmó que los fallecidos no llevaban armas ni drogas y señaló: “Lo que hicieron fue ilegal, sí. Pero eso no los convierte en terroristas”, dice el reportaje firmado por la periodista Kate Linthicum.
A esta tragedia se suman al menos otros cinco mexicanos fallecidos durante la misma campaña.
Entre ellos figuran pescadores de Puerto San Carlos, Baja California Sur, como Jesús Rangel Romero, quien murió a finales de mayo de 2026, así como Enrique Meza y su hijo “Kikín”, fallecidos en un ataque el 8 de marzo de 2026.
De acuerdo con el reportaje, tras el cierre de la empacadora local, habían aceptado trabajos de contrabando de bajo nivel debido a la difícil situación económica.
Justificación legal de Estados Unidos
Para justificar el uso de fuerza militar en aguas internacionales y sin autorización del Congreso, la administración Trump se apoya en un memorando confidencial elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica (OLC) del Departamento de Justicia.
El documento sostiene que Estados Unidos mantiene un “conflicto armado no internacional” contra una lista de 24 organizaciones criminales designadas por Washington como organizaciones terroristas.
Este documento fue revelado en un reporte de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Según ese memorando, dichas organizaciones buscan asesinar a ciudadanos estadounidenses y desestabilizar políticamente a gobiernos aliados en el hemisferio.
Bajo esa premisa, la OLC argumenta que los cárteles no trafican drogas únicamente con fines de lucro, sino para financiar actividades orientadas a sostener ese conflicto.
Esto dice el reporte:
En el contexto de los ataques a embarcaciones, se argumenta que Estados Unidos puede matar civiles, según el derecho internacional humanitario, si participan en actividades que sustentan la guerra, como el narcotráfico.
Esta sorprendente afirmación parece basarse en la idea de que grupos como el Cártel de Sinaloa o el Tren de Aragua buscan tomar el poder político en México o Venezuela para impulsar agendas políticas que nunca han articulado.
Esto implicaría, además, que en lugar de enriquecerse, sus líderes destinan sus ganancias al esfuerzo bélico. Ningún análisis de inteligencia conocido respalda esta lógica retrógrada sobre el funcionamiento de los grupos criminales.
Analistas y especialistas en política de drogas citados en el reporte cuestionan esa interpretación. Señalan que no existen análisis de inteligencia que respalden la idea de que organizaciones como el Cártel de Sinaloa o el Tren de Aragua persigan objetivos políticos comparables a los de grupos terroristas, y sostienen que su principal motivación continúa siendo el beneficio económico derivado de actividades ilícitas.
De acuerdo con esos especialistas, la designación de organizaciones criminales como grupos terroristas y la clasificación de algunos lancheros como “combatientes enemigos” ha servido como fundamento jurídico para las operaciones militares.
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Defensores de derechos humanos y expertos internacionales sostienen que estos hechos podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, una interpretación que rechaza la administración estadounidense.
