El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, promovió un nuevo juicio de amparo contra la orden de aprehensión librada en su contra por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. Las autoridades lo señalan, junto con otros implicados, de formar parte de una red dedicada al tráfico ilegal de combustible de Estados Unidos hacia México mediante transporte ferroviario y con la presunta evasión del pago de impuestos.
Un juez de distrito admitió a trámite la demanda de amparo, aunque hasta el momento no se ha informado si concedió la suspensión provisional solicitada por la defensa.
Este martes continuará la audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya, programada para las 13:00 horas, donde la jueza Alejandra Ramírez de la Vega determinará si vincula a proceso a Ruffo Appel y otras cuatro personas.
El exmandatario presentó la demanda de amparo el 16 de julio, el mismo día en que fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) dentro de la investigación por el caso de huachicol fiscal. Como accionista mayoritario de la empresa Ingemar, se le relaciona con el presunto esquema de contrabando ilegal de combustible de Estados Unidos a México.
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De acuerdo con los estrados judiciales, Ruffo Appel reclamó la orden expresa o implícita de trasladarlo fuera del municipio de Ensenada, Baja California; la retención o detención sin exhibición inmediata de una orden judicial válida; la incomunicación que subsiste desde su captura; así como la omisión de informar a su familia y a la defensa su ubicación exacta y la negativa a permitirle comunicarse con ellos.
Asimismo, impugnó la negativa a recibir y administrarle medicamentos, la interrupción de su tratamiento médico, la omisión de practicar una valoración médica integral, la falta de certificación sobre si está médicamente apto para ser trasladado, así como la irregularidad u ocultamiento de su inscripción en el Registro Nacional de Detenciones y cualquier acto que impida su localización, la ratificación de la demanda o la eficacia de la suspensión.
Como parte de la investigación, las autoridades localizaron 129 carrotanques, de los cuales 33 estaban en Ramos Arizpe y 96 en Saltillo, Coahuila, con más de 15 millones de litros de hidrocarburos sin la documentación legal correspondiente.
Para la FGR, Ruffo Appel y sus presuntos cómplices diseñaron y ejecutaron un esquema de simulaciones mediante 11 empresas, con el objetivo de introducir al país 18 millones 225 mil 657 litros de petrolíferos, entre diésel y gasolina, transportados en 163 carrotanques, presuntamente importados de manera ilícita, con evasión de contribuciones fiscales y regulaciones aduaneras para su posterior comercialización en el mercado interno fuera de los canales autorizados.
