Hay que comenzar por reconocer un hecho que con frecuencia se pierde entre la polarización política. El mayor acierto de la Cuarta Transformación ha sido colocar en el centro del debate la desigualdad social y emprender una política de redistribución del ingreso mediante el aumento del salario mínimo, las pensiones y los programas sociales. Millones de mexicanos han mejorado sus ingresos y ello merece ser reconocido. Sin embargo, ninguna transformación histórica está exenta de contradicciones. Como enseña la dialéctica, la historia avanza precisamente a partir de los problemas que los proyectos políticos son capaces (o incapaces) de resolver. La gran tentación para el gobierno consiste en tratar de responder a esas deficiencias con más concentración de poder y menos autocrítica. Pero la realidad ya está respondiendo con cero crecimiento y barruntos de crisis presupuestales en el futuro próximo.
La 4T no ha aprendido a producir ni a fomentar la productividad
La 4T aprendió a distribuir, pero no ha aprendido a producir. Ésa es probablemente la principal limitación del proyecto de la 4T. Los programas sociales alivian la pobreza, pero no sustituyen una estrategia de desarrollo económico. Las pensiones dignifican a los adultos mayores, las becas apoyan a los jóvenes y los aumentos salariales mejoran el ingreso de las familias, pero ninguna de estas políticas crea por sí misma industrias, innovación, empresas competitivas ni empleos altamente productivos.
El problema no son los empresarios. Ningún país se ha desarrollado combatiendo la libre empresa. Por el contrario, los países exitosos han construido Estados capaces de fomentar, orientar y multiplicar la actividad empresarial. El objetivo no debe ser reducir el espacio del mercado, sino ampliarlo para que más mexicanos puedan emprender, invertir, innovar y generar riqueza.
México necesita una política industrial moderna, crédito para la producción, una banca de desarrollo vigorosa, empresas nacionales fuertes, investigación científica, innovación tecnológica y reglas claras y seguridad jurídica para invertir. Sin una economía más productiva será imposible sostener, en el largo plazo, un verdadero Estado de bienestar.
Ha debilitado al Estado en vez de fortalecerlo
Paradójicamente, un gobierno que se presenta como defensor del Estado ha contribuido a debilitarlo. En lugar de construir instituciones profesionales, autónomas y permanentes, ha privilegiado la concentración de decisiones en torno al liderazgo político y la lealtad personal. Se han desmontado organismos, reducido contrapesos y sustituido capacidades técnicas por improvisación y ocurrencias.
El verdadero fortalecimiento del Estado no consiste en concentrar más poder en el Ejecutivo. Consiste en construir una administración pública profesional, un servicio civil de carrera, instituciones capaces de diseñar políticas con base en evidencia y una burocracia competente que trascienda los cambios sexenales. Sin embargo, en demasiadas ocasiones se ha preferido descalificar el conocimiento técnico y los métodos científicos para sustituirlos por prejuicios ideológicos o decisiones políticas de corto plazo.
La situación es todavía más preocupante en materia de Estado de derecho. Un sistema judicial que ya mostraba importantes deficiencias ha quedado sometido a una incertidumbre aún mayor. La confianza en las reglas, la independencia institucional y la certeza jurídica constituyen condiciones indispensables para la inversión y el crecimiento económico. Cuando esas condiciones se debilitan, no sólo pierden los empresarios; pierde toda la sociedad.
La justicia social y una distribución más equitativa del ingreso siguen siendo objetivos legítimos y necesarios. Pero el camino para alcanzarlos no pasa por el autoritarismo ni por la concentración del poder. Pasa por una economía productiva basada en el mercado, la libre empresa y la innovación, acompañada de un Estado de derecho fuerte y profesional.
