Gilda Susana Lozoya Austin promovió un nuevo juicio de amparo contra actos privativos de la libertad, orden de aprehensión y presentación en su contra, en el marco de las acusaciones que enfrenta por su presunta responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita, vinculadas al caso Agronitrogenados. Para que la medida cautelar surta efectos deberá pagar una garantía de 29 mil pesos.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la imputación se relaciona con hechos ocurridos en 2012, cuando presuntamente se habrían “lavado” 3.4 millones de dólares que su hermano habría recibido como soborno del accionista mayoritario de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, para concretar la compra de la planta Agronitrogenados por parte de Pemex.
En audiencia inicial, la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, Nora Ileana García Peralta, determinó dejarla en libertad condicional, y será mañana cuando resuelva si la vincula a proceso por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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La juzgadora señaló que la FGR no presentó elementos que acreditaran una investigación constante sobre su paradero en los últimos tres años, ni que hubiese sido citada a comparecer ante el Ministerio Público o requerida por autoridades judiciales. Aunque validó la legalidad de la detención, consideró insuficientes los elementos para imponer prisión preventiva.
El recurso de amparo fue tramitado el 1 de julio, el mismo día en que fue detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), tras arribar en el vuelo KL-685 procedente de Ámsterdam. Ese mismo día quedó a disposición de la autoridad judicial.
El juez Carlos Alberto Rico Mondragón, del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en Ciudad de México, le concedió la suspensión provisional, condicionada al pago de la garantía y a su comparecencia en el proceso. Además, programó audiencia incidental para el 10 de julio y la constitucional para el 12 de agosto, donde se definirá si se concede la suspensión definitiva de los actos reclamados.
