Ante las crecientes acusaciones sobre posibles vínculos entre actores políticos y grupos del crimen organizado, el gobierno y el grupo dirigente de la llamada Cuarta Transformación parecen enfrentar una auténtica “Trampa 22”. La expresión describe una situación paradójica en la que cualquier decisión que se tome conduce a consecuencias negativas. No existe una salida sin costo. La paradoja consiste en que el régimen enfrenta una disyuntiva compleja frente a las crecientes presiones provenientes de Estados Unidos para profundizar el combate a las organizaciones criminales incluyendo a sus aliados políticos.
La cuestión de fondo es que el problema no nació con la 4T. Durante décadas, gobiernos de distintos partidos convivieron y pactaron con las organizaciones criminales con capacidad económica, territorial y política. Las autoridades buscaron contenerlas, administrarlas o limitar sus efectos sin llegar a una confrontación total.
Sin embargo, el contexto cambió. Durante el sexenio anterior se adoptó la estrategia de “abrazos, no balazos” y mantuvo una posición tolerante que fue aprovechada por las organizaciones criminales para expandirse y empoderarse. A ello se suma que el gobierno estadounidense endureció su postura tipificando al narcotráfico como terrorismo. En este contexto surge la Trampa 22.
La opción de no cooperar
La primera alternativa consiste en resistir o limitar la cooperación con las demandas estadounidenses. Desde la perspectiva del grupo gobernante, esta ruta tiene una ventaja evidente: protege la cohesión política interna y evita investigaciones o procesos que pudieran alcanzar a figuras relevantes del sistema político. Sin embargo, esta opción tiene costos considerables. México ha colaborado históricamente con Estados Unidos mediante extradiciones, intercambio de información y operaciones conjuntas contra el narcotráfico. Una negativa actual puede interpretarse como una afirmativa o confesión de parte de las alianzas con los criminales.
Tal vez, el principal costo sería económico al poner en riesgo la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) provocar un deterioro de la confianza política podría traducirse en mayores presiones comerciales, financieras y de inversión. Esta opción preservaría temporalmente la estabilidad política interna, pero podría generar consecuencias económicas de largo alcance.
La opción de cooperar
La segunda alternativa es aceptar la cooperación con las autoridades estadounidenses. Esta decisión enviaría una señal contundente de compromiso en el combate al crimen organizado y probablemente fortalecería la relación bilateral. No obstante, sus efectos políticos internos podrían ser bastante disruptivos. Si las investigaciones alcanzaran a actores políticos vinculados con estructuras criminales, se desencadenará una desbandada dentro del propio sistema político en la que muchos buscarían protegerse individualmente.
El problema es que hoy no existe una fuerza política claramente preparada para sustituir la centralidad que Morena ha adquirido en la vida pública nacional. Una crisis profunda del partido gobernante se traduciría en incertidumbre e inestabilidad política.
Sin embargo, también existen posibles beneficios de largo plazo. Una depuración institucional más severa podría contribuir a sanear la competencia electoral, fortalecer el Estado de derecho y reducir la influencia criminal sobre la política. Asimismo, facilitaría una relación más sólida con Estados Unidos y podría fortalecer las condiciones para la continuidad del T-MEC y la integración económica de América del Norte.
La Trampa 22 consiste precisamente en esto: no cooperar puede proteger al régimen, pero perjudicar al país; cooperar puede beneficiar al país, pero sacrificar al régimen. Ninguna de las dos rutas es sencilla. Lo que está en juego ya no es solamente una estrategia de seguridad pública. Es la definición misma de la relación entre política, crimen organizado y Estado en el México de las próximas décadas.
