El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, rechazó de manera contundente los señalamientos difundidos este día por un medio de comunicación estadounidense y aseguró que las versiones publicadas carecen de pruebas y sustento verificable.
A través de un mensaje en video, el mandatario estatal respondió a la información difundida por el diario Los Ángeles Times, en la que se hacen diversas afirmaciones relacionadas con su persona, mismas que calificó como falsas y sin respaldo documental.
“Niego de manera categórica y absoluta las aseveraciones que dicho medio pretende presentar como hechos”, expresó Villarreal Anaya.
El gobernador también rechazó cualquier insinuación que busque relacionarlo con actividades ilícitas o con grupos criminales, y sostuvo que no existe ninguna investigación, procedimiento oficial o notificación por parte de autoridades mexicanas o estadounidenses que respalde dichas versiones.
“Resulta inadmisible que acusaciones de tal gravedad sean publicadas y difundidas sin exhibir una sola prueba verificable que la sustente”, manifestó.
Asimismo, precisó que cuenta con una visa estadounidense vigente y que no ha recibido comunicación alguna relacionada con su situación migratoria ni con investigaciones en su contra por parte de autoridades de Estados Unidos.
Ante la difusión de estas versiones, Villarreal Anaya hizo un llamado a los medios de comunicación para ejercer el periodismo con responsabilidad, rigor y apego a los hechos, evitando la publicación de información basada en especulaciones o fuentes sin corroboración.
El mandatario reiteró además su compromiso con la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas, al tiempo que aseguró que su administración continuará enfocada en los temas prioritarios para la entidad, como la seguridad pública, el desarrollo económico, el bienestar social y la infraestructura.
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La postura del gobernador surge luego de que la publicación estadounidense generara reacciones en distintos ámbitos políticos, en medio del debate sobre la veracidad de la información y la exigencia de presentar pruebas que respalden acusaciones de carácter público.
