El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta nuevas críticas tras impulsar un acuerdo dentro de su propia administración que crea un fondo contra la llamada “instrumentalización”, una medida que, según analistas, podría fortalecer su poder y dificultar futuras investigaciones en su contra.
El mecanismo —que contempla un fondo cercano a los 1,800 millones de dólares— forma parte de una estrategia más amplia que, de acuerdo con expertos en derecho constitucional, apunta a debilitar los contrapesos tradicionales del poder presidencial.
Acusan blindaje frente a investigaciones
El acuerdo surge tras una demanda presentada por Trump contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS), y su redacción ha generado preocupación porque podría ir más allá de temas fiscales.
Especialistas advierten que el lenguaje utilizado abre la puerta a limitar acciones legales de distintas agencias federales relacionadas con conductas previas del mandatario, lo que podría impactar investigaciones del Congreso, futuras administraciones e incluso organismos independientes.
“Vemos un cambio dramático hacia más poder concentrado en el presidente”, señaló Adam Zimmerman, académico de la Facultad de Derecho Gould de la Universidad del Sur de California, al referirse al alcance del acuerdo.
Críticas por uso del poder presidencial
Diversas voces han señalado que esta medida refuerza una tendencia en el segundo mandato de Trump: el debilitamiento de mecanismos de transparencia establecidos tras el escándalo de Watergate, así como el enfrentamiento con agencias independientes y órganos de supervisión.
Gregg Nunziata, director de una organización conservadora enfocada en el Estado de derecho, fue contundente:
“Este fondo refleja el uso —un uso corrupto— del poder del Gobierno para castigar a enemigos y recompensar a aliados”.
Gobierno defiende el fondo
Por su parte, el Departamento de Justicia defendió la creación del fondo, argumentando que busca proteger a ciudadanos que hayan sido objeto de acciones legales injustas por motivos políticos.
Funcionarios señalaron que la medida responde a antecedentes como la filtración de declaraciones fiscales de Trump y presuntos abusos de administraciones anteriores, principalmente la de Joe Biden, contra adversarios políticos, en particular contra Donald Trump.
El secretario de Justicia interino, Todd Blanche, explicó: “Cada acuerdo, ambos lados ceden algo”, al justificar el pacto alcanzado tras la demanda millonaria del mandatario.
¿Inmunidad más allá de lo fiscal?
Uno de los puntos más controvertidos es que el acuerdo no se limita a auditorías fiscales. Su redacción podría impedir revisiones o acciones legales sobre conductas pasadas de Trump, su familia o sus empresas, bajo una definición amplia de “instrumentalización”.
Aunque el Departamento de Justicia ha señalado que el enfoque es en materia civil y no penal, expertos advierten que los términos son lo suficientemente ambiguos como para generar un escudo legal de gran alcance.
El contexto actual refleja un cambio en la dinámica institucional de Estados Unidos, donde —según analistas— decisiones recientes de la Corte Suprema han ampliado el margen de acción del Ejecutivo, permitiendo a Trump llevar los límites del poder presidencial a un nuevo terreno.
Lee también: “Vamos a la guerra contra los cárteles”: secretario de Defensa de EEUU; México sigue fuera de coalición regional
El debate ahora se centra en si estas medidas representan una protección legítima frente a abusos políticos o un precedente que podría debilitar los controles democráticos en el país.
