El dato no es menor: las pensiones y la deuda pública alcanzaron récords. En el primer trimestre de 2026 el gasto total en pensiones —sumando contributivas y no contributivas— llegó a 619 mil 258 millones de pesos, un aumento de 6.5%** respecto al mismo periodo del año anterior. Al mismo tiempo, la deuda bruta total del sector público federal llegó a 20.1 billones de pesos, equivalente a 53.9% del PIB estimado para 2026.
Dicho en lenguaje común: el gobierno está gastando cada vez más en pagar pensiones y también debe cada vez más dinero. Las pensiones contributivas son aquellas que reciben personas que trabajaron, cotizaron y aportaron a un sistema de seguridad social. Las no contributivas, en cambio, son apoyos sociales financiados con recursos públicos, como las pensiones sociales.
El crecimiento más fuerte está precisamente en estas últimas, el gasto en pensiones no contributivas pasó de 14 mil 479 millones de pesos en 2017 a 195 mil 199 millones de pesos en 2026, ambos datos al primer trimestre y a pesos de 2026. Además, estas pensiones sociales pasaron de representar 5.2% a 31.5% del gasto total en jubilaciones. Es decir, hoy pesan mucho más dentro del presupuesto.
En términos claros esto no significa que los programas sociales deban desaparecer. Sería un error plantearlo así. Estos apoyos han ayudado a muchas familias y han contribuido a reducir pobreza. Para millones de adultos mayores, personas vulnerables y hogares con ingresos limitados, una pensión social no es un lujo: es comida, medicinas, transporte y tranquilidad mínima.
Pero también hay que decir la otra parte: que un programa sea necesario no significa que pueda crecer sin planeación. La política social necesita recursos, pero también necesita administración responsable. No basta con repartir más dinero; hay que asegurar que ese dinero alcance, que se entregue bien, que no se desperdicie y que pueda sostenerse en el tiempo.
Pensemos en una casa. Una familia puede endeudarse para comprar una vivienda, pagar estudios o enfrentar una emergencia. La deuda no es mala por sí misma. El problema aparece cuando se pide prestado sin saber cómo se va a pagar, cuando los intereses se comen el ingreso familiar o cuando el dinero se usa en gastos que no mejoran la vida de la familia. Con el gobierno pasa algo parecido. Puede endeudarse, sí. Pero debe explicar para qué, cuánto costará pagar esa deuda y qué beneficios concretos dejará. Porque la deuda pública no es una cifra lejana: son compromisos futuros que terminarán pagando los contribuyentes.
Por eso, el debate no debe ser “pensiones sí o pensiones no”. El debate correcto es: pensiones sí, programas sociales sí, pero con finanzas públicas sanas, eficiencia en el gasto y evaluación seria de cada peso ejercido.
Aquí entra una preocupación adicional. Mientras crece el gasto social y aumenta la deuda, también existen inversiones públicas cuyo impacto en las familias debe demostrarse con mayor claridad: Mexicana de Aviación, el Tren Maya, el Tren Interoceánico, la refinería de Dos Bocas, las pérdidas de Pemex y los problemas financieros de CFE. El punto no es rechazar toda obra pública, sino exigir que cada proyecto tenga justificación, medición de resultados y beneficio social verificable.
México necesita seguir apoyando a quienes más lo necesitan, pero debe hacerlo sin descuidar la salud de sus finanzas públicas. Una política social verdaderamente responsable no se mide sólo por la cantidad de recursos que entrega, sino por su capacidad para sostener esos apoyos en el tiempo. Gastar más puede aliviar necesidades inmediatas, pero gastar mejor es lo que permite que las pensiones y los programas sociales no dependan cada vez más de deuda, sino de una administración ordenada, eficiente y transparente.
Pero además de finanzas públicas sanas, el país necesita generar más recursos para sostener su desarrollo. Eso implica aumentar la inversión, crear más empleos, producir más, innovar más y fortalecer las condiciones para que las familias puedan mejorar sus ingresos. Para lograrlo se requiere certidumbre: reglas claras, confianza, estabilidad y una visión económica que permita crecer. Ese será tema de otra colaboración, porque ahí también se juega buena parte del futuro económico del país.
Por eso, la discusión no debe plantearse como una falsa disyuntiva entre justicia social y disciplina financiera. México necesita ambas. Los programas sociales deben continuar, las pensiones deben protegerse y la deuda pública debe manejarse con responsabilidad. Pero también se necesita una economía capaz de crecer, invertir, producir e innovar, porque sólo así habrá recursos suficientes para financiar derechos, oportunidades y bienestar. Cuando falta planeación, evaluación y eficiencia en el gasto, incluso las mejores causas pueden terminar volviéndose insostenibles.
Moisés Gómez Reyna, economista y maestro en derecho constitucional
