Hermosillo, Sonora.- Un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que el reclutamiento y desaparición de menores por parte del crimen organizado afecta al menos a 18 entidades del país, incluida Sonora.
Publicado en febrero de 2026, el documento señala que la CIDH recibió testimonios directos de madres buscadoras y colectivos sonorenses sobre jóvenes de entre 13 y 14 años reclutados a cambio de dinero, armas u otras promesas.
De acuerdo con el organismo, algunos menores logran regresar con vida; sin embargo, otros permanecen dentro de organizaciones delictivas o incluso fallecen en hechos violentos.
La investigación detalla que, según el Mecanismo Estratégico del Reclutamiento y Utilización de NNA por Grupos Delictivos y la Delincuencia Organizada en Zonas de Alta Incidencia Delictiva en México, los municipios sonorenses con mayor incidencia en estos casos son Cajeme, Hermosillo, Guaymas, Nogales, Caborca y San Luis Río Colorado.
Marco Paz Pellat, vocero del Comité Ciudadano de Seguridad Pública en Sonora, señaló que este informe reitera el llamado hecho anteriormente por expertos de Naciones Unidas y por grupos de madres buscadoras.
“Hablan de que este tema desafortunadamente se convirtió en una crisis, pero no solamente de Sonora sino de todo el país, y particularmente este informe hace ver que le ha impactado fuertemente a los menores de edad”.
“Se habla de que a nivel nacional son 18 mil menores de edad en el registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas, y esto está en la base de datos del gobierno federal”.
Agregó, “en el caso de Sonora, al momento del cierre del informe, había 440 menores de edad desaparecidos, y ellos hablan de que en el fondo hay un tema estructural que tiene que ver con el crimen organizado, porque en estas zonas operan para su trasiego de drogas hacia Estados Unidos, y también converge el tema del tráfico de personas en una zona tan amplia de la frontera”, sumado a una sociedad cada día más violencia, dijo.
Por otro lado, Paz Pellat explicó que hay cuatro puntos clave para entender y atacar esta situación: reconocer el problema, aceptar que no se ha hecho lo suficiente, proteger a los más vulnerables (mujeres, niños, niñas y adolescentes), así como aceptar la cooperación internacional en temas específicos como el uso de tecnología para cuestiones genéticas.
Durante una audiencia pública, la CIDH expuso además que menores sobrevivientes relataron haber sido utilizados como combatientes, mensajeros o para la preparación de drogas.
Especialistas y testimonios recabados por el organismo señalan que este tipo de reclutamiento es consecuencia de entornos familiares y comunitarios vulnerables, marcados por violencia física, sexual e intrafamiliar, así como por exclusión social y económica, pobreza, ausencia institucional y falta de oportunidades.
Asimismo, el informe advierte que estos casos suelen desarrollarse en contextos relacionados con violencia criminal y condiciones que facilitan la captación de adolescentes.
La CIDH también alertó que el reclutamiento no siempre ocurre mediante privación de la libertad o amenazas directas, ya que en muchos casos aparenta ser “voluntario”, aunque detrás existan presiones económicas, miedo o situaciones de vulnerabilidad que empujan a niñas, niños y adolescentes a integrarse a estos grupos.
Frente a este panorama, el organismo pidió fortalecer las acciones de prevención, búsqueda y protección de menores desaparecidos en México, además de reconocer a quienes son reclutados por el crimen organizado como víctimas de violencia y desaparición.
Michelle Lucero, presidenta de la Fundación Nueva Generación Sonora, señaló que las cifras han aumentado de manera abrupta. Según el último informe del gobierno federal, en Sonora aún hay 56 menores que no han sido encontrados, solo en 2025.
“Al analizar cómo se ha comportado esta problemática, sí hacemos un llamado a una atención inmediata. Primero a reconocerlo, porque los casos de menores de edad desaparecidos, no localizados y localizados en los últimos años, ha incrementado de una manera abrupta”.
“En lo nacional, en 2025 cerramos el año con más de 10 mil 800 casos y en nuestro Estado se registró un año histórico con 450 casos de menores, de los cuales el 87 por ciento fue localizado (394), y el 12 por ciento (56) continúan como desaparecidos”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una serie de recomendaciones frente a la crisis de desapariciones en México, entre ellas prevenir el reclutamiento de niñas, niños, adolescentes y jóvenes mediante la detección de riesgos y atención de sus causas con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
El organismo también pidió actuar con perspectiva de género para reconocer los riesgos específicos que enfrentan niñas y mujeres, además de garantizar su búsqueda inmediata en casos de desaparición.
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Otra de las recomendaciones y medidas a tomar son la necesidad de aplicar de forma efectiva el Protocolo ALBA en todo el país, reforzar los mecanismos de búsqueda inmediata para mujeres y menores de edad, así como investigar, sancionar y reparar las redes de connivencia e impunidad que permiten que las desapariciones continúen.
