A inicios de 2017 acudimos a una mesa de análisis del programa matutino de Luis Alberto Medina aquí en Proyecto Puente. El propósito era discutir el contenido del convenio de apoyo financiero: Luis Alberto Medina como mediador, Benjamín Burgos Flores en su calidad de director general de Planeación de la Universidad de Sonora y un servidor en calidad de académico de la Unison.
Me invitaron como “experto” en el tema, ya que venía abordando la temática en una columna que publicaba el STAUS en su portal; no sé si eso me hacía “experto”. Me invitaron y fui. Eran tiempos de revisión contractual y salarial en la universidad, se venía también ese año la elección de rector. Los temas más candentes de aquel tiempo eran la falta de vivienda para los universitarios y los altos sueldos de la burocracia universitaria, así como en la actualidad.
Recuerdo que el Dr. Burgos Flores inició su participación diciendo que el convenio de apoyo financiero era solo “indicativo”, pero no obligatorio. El documento estaba firmado por la gobernadora del estado de aquel tiempo, el Subsecretario de educación de la SEP y el rector de la Universidad, Heriberto Grijalva Monteverde. El Dr. Burgos Flores no les dio validez a los firmantes del documento.
En aquel tiempo el rector en turno tenía un sueldo tabular de 92,689 pesos, pero, según el tabulador del convenio financiero, el sueldo autorizado era de 75,203 pesos en zona III, zona en la que está autorizado el sueldo del rector de la Unison. Sin embargo, para el Dr. Burgos Flores eso no importaba, porque el convenio financiero era solo “indicativo”, pero no obligatorio, de tal suerte que, para él, el sueldo del rector era correcto.
Curiosamente, del documento analizado resultó que el mismo Dr. Burgos Flores cobraba un sueldo por encima del señalado en el tabulador oficial de la SEP. Como director general de planeación de la Universidad cobraba 42,783 pesos mensuales y el autorizado era de 35,488 pesos para un director general; de ahí su férrea defensa de lo “indicativo”, pero no obligatorio.
Lo cierto fue que el sucesor de Grijalva Monteverde bajó su sueldo apegándose al tabular autorizado por la SEP; me refiero al Dr. Enrique Velázquez, quien empezó cobrando 79,962 pesos al inicio de su rectorado, en apego a la normatividad. Años después, los académicos de la Unison ya pueden acceder a un crédito para adquirir una vivienda por convenio con Infonavit.
Nueve años después, el Dr. Benjamín Burgos se encuentra en la polémica, ya que actualmente ocupa un puesto que no está reconocido ni presupuestado en el convenio de apoyo financiero: Secretario de Rectoría. Su puesto se mueve entre la irregularidad, la duda y la falta de respaldo financiero; la ley universitaria lo reconoce, pero no como secretaría general, aunque él cobra sueldo como secretario general.
Como se puede ver, para el Dr. Benjamín Burgos Flores no existen topes ni política salarial que le impida percibir sueldos por encima de lo autorizado. Le es fácil evadir cualquier escollo que le impida tener un sueldo por encima de lo normado. Para ello tiene el control del colegio universitario, por medio del cual puede “lavar” cualquier eventualidad normativa que se le vaya presentando.
Obvio, al resto de los sectores se les aplican los topes de la política salarial, no importa que algunos se encuentren por debajo del salario mínimo. Esos topes no los puede brincar el colegio universitario, porque se puede poner en riesgo la estabilidad financiera de la Universidad, dijo la rectora. O sea, que la ley se aplique en los bueyes de mi compadre.
