Bastó una reunión con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para que la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos, depusiera la postura de confrontación. El encuentro ocurrió el jueves a la 1 de la tarde, luego de varios días de polémica por la presencia de agentes estadounidenses en un operativo encabezado por la Policía de ese estado fronterizo con el que se desmanteló un laboratorio de drogas sintéticas de grandes dimensiones.
Solo la mala fortuna hizo que todo el país se enterara de que funcionarios de Estados Unidos llevaban semanas, sino es que meses, sino es que años, colaborando con el gobierno de Chihuahua en operaciones terrestres. Los norteamericanos -identificados después como agentes de la CIA- murieron en un accidente carretero cuando viajaban, de regreso del operativo, en un vehículo con el director de la Agencia Estatal de Investigación y un elemento de dicha agencia. Y fue un tuit lanzado el 19 de abril por el embajador Ronald Johnson (“Lamentamos profundamente la trágica pérdida de dos miembros del personal de la Embajada de los Estados Unidos en este accidente…”) lo que generó la gran pregunta: ¿cómo que dos agentes estadounidenses estaban operando en México, si oficialmente el Gobierno de Claudia Sheinbaum se ha negado sistemáticamente a la incursión de personal norteamericano en operaciones terrestres.
La presidenta Sheinbaum reaccionó molesta, señalando a la gobernadora panista por violar la Constitución y la ley de Seguridad Nacional al permitir esa colaboración. Aún más, los legisladores de Morena exigieron que la gobernadora compareciera ante el Senado de la República, lo que trasladó el diferendo al terreno de la política.
Morenistas y panistas elevaron el tono: el oficialismo criticó que la gobernadora se hubiese ido por la libre al acordar la presencia de agentes norteamericanos en operativos de su policía local sin autorización del Gobierno federal; los panistas respondieron que su gobernadora no tiene nada qué esconder, que comparecería sin mayor problema, pero que entonces también deberían citarse a los gobernadores morenistas de Sinaloa y otras entidades acusados de tener vínculos con el crimen organizado.
Lo ríspido del intercambio anticipó lo que será una batalla política de alta estridencia de aquí hasta junio de 2027: la campaña por la gubernatura de Chihuahua, uno de los cuatro estados que aún gobierna el PAN, y que Morena pretende con al menos dos aspirantes que ya trabajan en ese objetivo: la senadora Andrea Chávez y el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.
El jueves, Sheinbaum dijo en la conferencia mañanera que la gobernadora no le había tomado la llamada cuando la buscó para pedirle explicaciones y, horas después, Maru Campos ya estaba en la Ciudad de México citada por el poderoso secretario García Harfuch.
Algo ocurrió en esas horas, pues la dirigencia nacional del PAN citó a la prensa a una conferencia de prensa que se celebraría el viernes por la mañana en la sede del partido para tratar el tema Chihuahua, con su dirigente nacional, Jorge Romero, el senador Ricardo Anaya y el diputado Federico Döring. El PAN parecía dispuesto a ponerse los guantes, pero una hora antes de la cita, el equipo de comunicación del PAN canceló la conferencia y borró el mensaje con el que había convocado.
En cambio, Maru Campos publicó una foto de su encuentro del día anterior con García Harfuch, y un mensaje en un tono conciliador: “Me reuní con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para reafirmar la coordinación y el trabajo conjunto por la seguridad de las familias chihuahuenses. En Chihuahua reconocemos que, cuando los distintos órdenes de gobierno trabajan unidos, se logran mejores resultados para la gente. Por eso seguiremos fortaleciendo la colaboración con el Gobierno Federal, con diálogo, confianza y responsabilidad institucional, siempre en defensa de la soberanía e integridad de nuestro país”.
Más tarde, su equipo convocó a una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno de Chihuahua, que en realidad no fue conferencia, sino un mensaje a medios en el que anunció la creación de una “Unidad Especializada” encabezada por la fiscal del estado, Wendy Chávez, encargada de investigar los hechos ocurridos entre el 17 y el 19 de abril. La gobernadora no mencionó el accidente ni la muerte de los agentes de Estados Unidos, sino de “hechos relacionados con el desmantelamiento de uno de los laboratorios de metanfetaminas y drogas sintéticas más grandes del país, en atención a la relevancia del caso y con el objetivo de garantizar total transparencia”.
En medio de la desastrosa estrategia de comunicación del PAN, dirigida desde la oficina de Jorge Romero y el vocero nacional, Max Cortázar, la presidenta Sheinbaum mantuvo el pulso: el viernes dijo que la soberanía no se negocia y envió una carta a las 32 gobernadoras y gobernadores del país pidiendo que, en materia de cooperación con agencias estadunidenses, es menester cumplir la ley “sí o sí”.
Ya por la tarde, el Gobierno de Chihuahua dio acuse de recibo, con un comunicado en el que bajó por completo el tono de confrontación, y pidió paz: “La gobernadora Maru Campos expresa su total coincidencia con la presidenta de la República respecto a que los gobiernos, independientemente de su filiación partidista, deben trabajar juntos por la seguridad de las familias mexicanas y la integridad soberana de nuestro país, en el marco de nuestras leyes y en un ambiente de confianza y coordinación institucional”.
Aún es pronto para saber si esta nueva actitud evitará que Maru Campos tenga que comparecer en el Senado la próxima semana, atendiendo la convocatoria aprobada por la mayoría oficialista.
No tiene la gobernadora panista los argumentos ni la fuerza política para salir bien librada de esa cita, pero habrá que esperar nuevas noticias desde el PAN nacional, donde han asumido el caso como un tema estratégico de cara al 2027. Mientras tanto, los morenistas de Chihuahua -con especial énfasis la senadora Chávez- se frotan las manos para capitalizar este error de una mandataria que ha puesto en jaque su proyecto y uno de los pocos bastiones que le quedan al PAN en la geografía nacional.
En 2027, Acción Nacional se juega tres de sus cuatro estados: Aguascalientes, Querétaro y Chihuahua, donde ya repican las campanas de la elección. El partido albiazul, que no ha visto una desde que en 2012 perdió la Presidencia, se juega su futuro en esa elección.
