Trece elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en el homicidio de dos niñas, identificadas como Leidy y Alexa, ocurrido en el estado de Sinaloa.
Según información difundida por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), los agentes castrenses también enfrentan cargos por la tentativa de homicidio de dos adolescentes y dos adultos, todos integrantes de una misma familia que fue atacada en mayo de 2025 en la comunidad de La Cieneguilla.
Los hechos que originaron la investigación sucedieron cuando la familia se desplazaba en una camioneta hacia una escuela. De acuerdo con la reconstrucción de los eventos presentada por la representación legal, al encontrar un bloqueo en la carretera, el vehículo intentó retornar, momento en el cual un convoy militar abrió fuego sin mediar advertencia.
El Centro Prodh señaló que, aunque inicialmente las autoridades manejaron la versión de un enfrentamiento, esta narrativa fue desacreditada durante las diligencias.
Durante la audiencia inicial, los agentes del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República presentaron datos de prueba que señalan un uso letal de la fuerza de forma injustificada. La fiscalía argumentó que la actuación de los militares fue dolosa, al no apegarse a lo establecido en la Ley Nacional de Uso de la Fuerza.
Por su parte, la defensa de los uniformados, que incluyó representación de la Defensa de Oficio Militar, alegó que los elementos actuaron bajo un estado de “alerta y nerviosismo” debido al contexto de violencia que prevalece en la región de Sinaloa.
El juez Josué Noé Egure Yáñez determinó la vinculación bajo la figura del dolo eventual, tras considerar que los imputados cuentan con formación técnica en el manejo de armas y podían prever el resultado letal de sus acciones.
No obstante, el Centro Prodh criticó la existencia de una investigación paralela en la jurisdicción militar, lo cual, afirman, contraviene los estándares internacionales sobre derechos humanos.
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“El caso de Leidy y Alexa pone rostro a los efectos más lesivos y dolorosos de la profundización de la política de despliegue militar y pone a prueba a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial en su capacidad de garantizar una investigación diligente”, concluye el Centro Prodh.
