Con el respaldo de Morena, PT, PVEM y el voto clave de Movimiento Ciudadano (MC), la Cámara de Diputados aprobó en lo general el llamado “Plan B” de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La votación alcanzó mayoría calificada con 377 votos a favor —provenientes de Morena, PT, PVEM y MC— frente a 102 en contra del PRI y PAN, lo que permitió avanzar con cambios de carácter constitucional.
El dictamen contempla medidas enfocadas en la austeridad del sistema político-electoral. Entre los puntos más relevantes destaca la reducción del costo de operación de ayuntamientos y congresos locales, al establecer límites presupuestales y restringir el número de regidurías, con un máximo de 15 por municipio.
Asimismo, se incluyen topes salariales para autoridades electorales, al establecer que ningún consejero o magistrado podrá percibir un sueldo mayor al de la titular del Ejecutivo federal.
Las modificaciones aprobadas impactan directamente los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, como parte de un nuevo intento de reforma tras el rechazo del llamado “Plan A” ocurrido en marzo pasado.
El avance del proyecto también refleja un reacomodo político, luego de que Morena lograra sumar a MC a su bloque legislativo, consolidando así el apoyo de sus aliados tradicionales, PT y PVEM, para sacar adelante una versión ajustada de la propuesta.
Tras su aprobación en lo general este 8 de abril de 2026, el dictamen pasará ahora a la discusión en lo particular, donde se han presentado más de 50 reservas por parte de las distintas bancadas.
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El Plan B de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum se centra en la austeridad republicana y la reorganización administrativa de las instituciones electorales y gobiernos locales.
Aquí tienes 10 puntos clave del Plan B
- Reducción de Regidurías: Se establece un tope máximo de 15 regidores por ayuntamiento en todo el país, buscando compactar las administraciones municipales [1, 2].
- Topes Presupuestarios a Congresos: Se limita el presupuesto de los Congresos locales al 0.5% del presupuesto estatal, evitando gastos excesivos en las legislaturas [1, 3].
- Límite Salarial: Se reafirma constitucionalmente que ningún funcionario electoral (consejeros o magistrados) podrá percibir un salario mayor al de la Presidenta de la República [1, 4].
- Compactación de Estructuras: Obliga a los institutos electorales locales (OPLES) a reducir sus estructuras administrativas para evitar duplicidad de funciones con el INE [2, 5].
- Voto en el Extranjero: Facilita y garantiza el ejercicio del voto para los mexicanos residentes en el extranjero mediante procesos más ágiles [3, 4].
- Justicia Electoral Digital: Se promueve la digitalización de los juicios y recursos electorales para reducir costos en papel y tiempos de resolución [2, 5].
- Transparencia en Recursos: Endurece la fiscalización de los recursos públicos destinados a partidos políticos, enfocándose en la eliminación de “gastos superfluos” [1, 3].
- Reforma a los artículos 115 y 116: Modifica la Constitución para que los estados ajusten sus leyes electorales bajo criterios estrictos de disciplina financiera [4, 5].
- Eliminación de Seguros Privados: Prohíbe la contratación de seguros de gastos médicos mayores o de vida privados para altos mandos electorales con cargo al erario [1, 2].
- Continuidad del INE: A diferencia del “Plan A”, este plan no elimina al INE ni cambia la forma de elegir a los consejeros por voto popular, concentrándose puramente en el ahorro presupuestario [3, 5].
