La operación del Tren Maya atraviesa un escenario complejo marcado por pérdidas financieras crecientes y un frente judicial por presuntos daños ecológicos. Mientras sus estados financieros reportan números rojos, una demanda colectiva por 572 millones de pesos mantiene bajo presión al proyecto insignia del gobierno federal.
De acuerdo con los reportes financieros, el ferrocarril registró una pérdida operativa superior a los 3 mil 649 millones de pesos al cierre del último año, sin considerar los subsidios que recibe para compensar la insuficiencia de ingresos. En términos diarios, las pérdidas alcanzaron los 9.9 millones de pesos, una cifra superior a los 7 millones diarios reportados en 2024.
A pesar de un incremento en los ingresos por servicios de transporte, estos no han sido suficientes para equilibrar los costos operativos, los cuales se duplicaron durante 2025, principalmente por el alza en servicios generales vinculados a la operación del tren.
El director general del Tren Maya, Óscar David Lozano Águila, reconoció que uno de los principales retos es aumentar la captación de turistas internacionales. “La realidad es que cada vez más los locales utilizan el tren como medio de transporte. Nuestro componente principal son los turistas nacionales. Nuestra área de oportunidad está en los turistas internacionales”, señaló recientemente.
Aunque el proyecto también cumple una función como transporte público regional, este segmento genera menores ingresos en comparación con turistas nacionales y extranjeros, quienes pagan tarifas más altas.
Demanda por daños ambientales
En paralelo, el Tren Maya enfrenta una demanda colectiva interpuesta por la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado (ONRE), que reclama 572 millones de pesos por daños ambientales derivados de su construcción. Entre los señalados se encuentran Grupo México, México Proyectos y Desarrollos, ICA Constructora de Infraestructura, Acciona Infraestructuras México, BANJERCITO, GAFSACOMM y la propia empresa Tren Maya.
La empresa ha señalado que la demanda aún no ha sido admitida y que se han realizado acciones para mitigar los impactos ambientales. “Esta demanda no ha sido admitida y, a la fecha, se han realizado diversas acciones para resarcir el daño ecológico, por lo que de emitirse una sentencia de condena sería por una cantidad menor a la demandada”, indicó.
No obstante, organizaciones civiles han documentado afectaciones a cenotes, selva y ecosistemas en distintas zonas del sureste. En este contexto, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza ratificó una sentencia en la que considera que el proyecto incurrió en ecocidio y etnocidio, señalando violaciones a los derechos de la naturaleza y de los pueblos mayas.
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Aunque la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha reconocido la existencia de daños, hasta el momento no se ha publicado un plan integral de remediación ni se ha detallado el alcance total de las afectaciones a lo largo del trazo ferroviario.
Con información de El Financiero
