Un grupo de organizaciones ambientales señaló que el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México habría comenzado desde inicios de febrero de 2026 en un ducto de Petróleos Mexicanos, y no en marzo como han sostenido autoridades federales. El pronunciamiento fue difundido por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
De acuerdo con el documento, evidencia satelital y operativa ubica el origen del vertido en un oleoducto de 36 pulgadas identificado como “OLD AK C”, en la zona de la Sonda de Campeche. Las organizaciones afirman que desde el 6 de febrero ya se observaban manchas de hidrocarburos en el mar.
Un día después, el 7 de febrero, arribó al sitio el buque “Árbol Grande”, especializado en reparación de ductos y operado por Constructora Subacuática Diavaz bajo contrato con Pemex Exploración y Producción. La embarcación permaneció ocho días en el área, tiempo en el que —según el comunicado— ya era visible una extensa mancha de petróleo.
Para el 19 de febrero, la superficie afectada alcanzaba casi 300 kilómetros cuadrados. Además, el 13 de febrero se detectaron maniobras de dispersión con cañones de agua. “Lo que no ocurrió fue una alerta pública inmediata”, señalaron las organizaciones.
Impacto en costas y ecosistemas
El informe indica que el hidrocarburo comenzó a llegar a tierra a inicios de marzo, afectando de manera progresiva a Tabasco, Veracruz y posteriormente Tamaulipas. Para el 21 de marzo, se habían documentado al menos 630 kilómetros de litoral impactado, incluyendo zonas del Corredor Arrecifal del suroeste del Golfo de México.
Las organizaciones reportaron 51 sitios con presencia de chapopote, así como daños en playas, manglares, fauna marina y actividades pesqueras.
Señalan omisión y contradicciones oficiales
El pronunciamiento también acusa que, pese a existir indicios tempranos del derrame, no hubo una comunicación oportuna hacia la población. En contraste, durante una conferencia el 26 de marzo, el gobierno federal ubicó el inicio de la contingencia el 2 de marzo y atribuyó su origen a un buque no identificado y a fenómenos naturales.“La evidencia hoy disponible desmiente esa narrativa”, advierte el comunicado.
“No es una simple diferencia de versiones. Es una falsedad oficial sobre la cronología y el origen probable del vertido”, concluyen las organizaciones, al considerar poco creíble que se desconociera el origen pese a la presencia de un buque especializado operando durante días sobre un ducto activo y una mancha visible.
Asimismo, advierte que el ocultamiento podría implicar incumplimientos al Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos, el cual obliga a notificar de inmediato, identificar la fuente y coordinar la respuesta: “Ocultar la fuente y omitir al responsable no solo viola la lógica del Plan: también diluye o retrasa la obligación de pagar por el daño causado”.
Las organizaciones cuestionan: “¿Quién decidió no informar públicamente desde febrero sobre un vertido de gran magnitud? ¿Quién responderá por las comunidades que no fueron alertadas a tiempo y por los ecosistemas afectados?”.
El pronunciamiento está respaldado por diversas organizaciones, entre ellas Greenpeace México, CartoCrítica, Geocomunes y la Alianza Mexicana contra el Fracking.
“La población del Golfo de México tiene derecho a saber la verdad”, dicen.” Las comunidades costeras tienen derecho a ser alertadas, protegidas e informadas. Y las instituciones involucradas tienen la obligación de responder con verdad, transparencia, remediación y reparación, no con versiones falsas construidas para diluir responsabilidades”, por lo que exigen al grupo interinstitucional integrado por dependencias como Semar, Pemex, ASEA, Semarnat, Sener y Profepa que informe de manera transparente sobre:
- Cuándo se tuvo conocimiento del derrame y qué ocurrió en febrero en el ducto.
- La identificación del responsable y los fundamentos técnicos.
- Los documentos generados conforme al plan de contingencia.
- Las medidas de contención, restauración e indemnización.
- Estudios de impacto ambiental realizados.
- La presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República.
Las organizaciones subrayan que lo ocurrido trasciende un problema de comunicación, sino que incluye responsabilidades legales y políticas.
“Lo que está en juego no se limita a esclarecer un derrame. Están en juego los proyectos de vida de las comunidades pescadoras, ecosistemas vulnerables y en riesgo, así como si el Estado tiene derecho a ocultar durante semanas un vertido de gran magnitud, dejar que llegue a las costas sin dar aviso ni reconocer responsabilidades, dejar a las comunidades sin alerta, sin preparación y sin protección, y presentarse después ante el país con una versión que la evidencia ya desmintió”, concluye el comunicado.
