Hace unos días, durante la llamada Conferencia del Pueblo, se adelantó que en los próximos días se enviará al Congreso una nueva iniciativa de reforma electoral. No se trata de la propuesta amplia que no logró prosperar en el proceso legislativo anterior, sino de un replanteamiento más focalizado que empieza a perfilar lo que podría convertirse en el llamado Plan B de la agenda electoral del Ejecutivo.
A diferencia del intento anterior, la nueva propuesta se orienta a modificar aspectos específicos del diseño institucional del sistema político: el gasto de los congresos estatales, la integración de los cabildos municipales, la posibilidad de someter temas electorales a consulta popular y el calendario de la revocación de mandato. Vista en conjunto, la iniciativa sugiere una recalibración estratégica. En lugar de concentrarse en los componentes estructurales del sistema electoral —como la integración del Congreso o el modelo general de financiamiento partidista— el enfoque se dirige hacia espacios institucionales distintos: el funcionamiento de los gobiernos locales, los equilibrios territoriales del federalismo y el papel de los mecanismos de participación directa en la vida política.
Uno de los puntos más sensibles es la propuesta de establecer límites al gasto de los congresos estatales. Presentada bajo el argumento de la austeridad, la medida busca reducir las disparidades en el costo de los legisladores locales. Sin embargo, el debate que abre va más allá de la disciplina presupuestal: plantea la pregunta sobre hasta dónde puede intervenir la Federación en la organización interna de los poderes públicos de las entidades federativas.
Algo similar ocurre con la propuesta de reducir el número de regidores y síndicos en los ayuntamientos. El planteamiento parte de la idea de que muchos cabildos crecieron como resultado de acuerdos políticos que terminaron ampliando las estructuras municipales. La discusión, sin embargo, toca una dimensión más profunda: el tamaño de los cabildos también está ligado a la representación plural dentro de los gobiernos municipales y al equilibrio entre los alcaldes y sus órganos colegiados.
El tercer elemento introduce una dimensión distinta en el debate institucional: permitir que ciertos temas electorales puedan ser sometidos a consulta popular. La Constitución mexicana había mantenido estos asuntos fuera del alcance de las consultas ciudadanas para preservar la estabilidad de las reglas del sistema democrático. Abrir ese espacio implica trasladar parte de la discusión sobre las reglas electorales al terreno de la legitimación directa de la ciudadanía.
Sin embargo, la experiencia reciente obliga a mirar este planteamiento con cautela. Los ejercicios de consulta impulsados en los últimos años —desde la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México hasta la consulta sobre expresidentes, pasando por la elección judicial y los llamados “acordeones”— han mostrado niveles importantes de sesgo político y de movilización gubernamental. A ello se suma el papel que han desempeñado los llamados servidores de la Nación, cuya presencia territorial ha sido señalada reiteradamente como un instrumento de activismo político electoral.
En ese contexto, trasladar las reglas del sistema electoral al terreno de consultas populares abre interrogantes legítimas sobre las condiciones de imparcialidad y sobre la capacidad del gobierno para influir en el resultado de esos procesos.
Finalmente, la propuesta de ajustar el momento de la revocación de mandato para permitir que pueda coincidir con elecciones intermedias modificaría el calendario político del país.
La coincidencia entre ambos procesos podría elevar la participación ciudadana, pero también cambiar la dinámica de competencia electoral al integrar en un mismo momento mecanismos de evaluación presidencial y elecciones legislativas.
La discusión de fondo es más profunda. En las democracias contemporáneas, la revocación de mandato se concibe como un mecanismo excepcional para sancionar la ineficiencia o la pérdida de confianza en un gobierno.
En México, sin embargo, la práctica política reciente ha ido desplazando esa lógica hacia otra distinta: convertir la revocación en un ejercicio de ratificación política que funciona como plataforma de movilización electoral del propio gobierno. Bajo esa lógica, el mecanismo deja de ser un instrumento de control ciudadano para transformarse en una herramienta de promoción política del régimen, con el riesgo adicional de involucrar recursos públicos y estructuras gubernamentales en favor de una opción política.
Más allá de cada propuesta específica, el Plan B abre un debate más amplio sobre cómo evolucionará el equilibrio entre federalismo, representación legislativa y mecanismos de democracia directa. La discusión que se avecina no será únicamente sobre ajustes administrativos o presupuestales, sino sobre la forma en que se distribuye el poder dentro del sistema político mexicano.
En las democracias constitucionales, las reglas del juego importan tanto como los resultados de la competencia política. Por eso, cada cambio institucional —incluso aquellos que parecen acotados— termina influyendo en el funcionamiento del conjunto del sistema democrático. El debate sobre el Plan B, en ese sentido, será también una discusión sobre el tipo de equilibrio institucional que México quiere preservar en los años por venir.
Moisés Gómez Reyna, economista y maestro en derecho constitucional
