Durante años, la conversación sobre el tráfico de armas entre Estados Unidos y México oscila entre cifras fragmentadas y declaraciones políticas. El nuevo informe Corredores de la Violencia, publicado en febrero de 2026 por Stop US Arms to Mexico, aporta algo distinto: datos concretos que permiten tener perspectiva del mapa real del flujo de armas y sus consecuencias.
La conclusión es directa: Arizona se ha convertido en el principal punto de origen de las armas que alimentan la violencia en México.
El corredor Arizona–Sinaloa
Los datos obtenidos de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) muestran que el 62% de las armas recuperadas en México en 2024 y rastreadas a una compra reciente en Estados Unidos fueron vendidas en Arizona. Se trata de armas con un “time-to-crime” de un año o menos, un indicador clave para el tráfico deliberado: cuanto más corto el lapso entre la compra y el decomiso, mayor la probabilidad de que la adquisición haya sido realizada con fines ilícitos.
La concentración geográfica es aún más reveladora. De los 15 códigos postales de EE.UU. donde más armas se compraron y luego fueron confiscadas en México en menos de un año (2023-2024), 14 están en Arizona. No es una dispersión nacional:es un corredor específico.
Ese corredor desemboca en Sinaloa. Tras la captura y extradición de “El Mayo” Zambada en 2024, el estado entró en una espiral de violencia interna. En 2025, el ejército mexicano decomisó 2,095 armas solo en Sinaloa, más del doble que en cualquier otro estado, de acuerdo con el reporte. Ese mismo año, 46 policías fueron asesinados allí. La mayoría de las armas utilizadas en estos enfrentamientos provienen del mercado estadounidense, en particular del estado de Arizona.
El peso de las leyes estatales
La proximidad geográfica explica parte del fenómeno. Pero no todo. El informe compara el comportamiento de tres estados fronterizos: California, Texas y Arizona.
Entre 2015 y 2024, solo el 3.5% de las armas rastreadas a California habían sido compradas menos de tres años antes de su recuperación en México. En Texas, esa proporción fue del 33% y en Arizona del 41%. En 2023-2024, más de la mitad de las armas trazadas a Arizona tenían menos de tres años desde su compra.
La diferencia no es menor. California prohíbe la venta al por menor de rifles de asalto y de armas calibre .50, y exige verificaciones de antecedentes incluso en ventas privadas y en ferias de armas. En cambio, Arizona y Texas mantienen marcos regulatorios considerablemente más permisivos. Los datos indican que las condiciones normativas inciden directamente tanto en la rapidez como en el volumen del desvío hacia el mercado ilícito.
El origen en tres condados
En Texas y Arizona, la compra de armas destinadas al tráfico hacia México está altamente concentrada en las siguientes zonas.
Más de dos tercios (69%) de las armas con “tiempo a crimen” corto (menos de un año entre la compra y su decomiso en México) recuperadas en 2024 y rastreadas a EE.UU. provinieron solo de tres condados:
- Condado Maricopa, Arizona (área de Phoenix): 53.9%
- Condado Pima, Arizona (área de Tucson): 8.8%
- Condado Harris, Texas (área de Houston): 6.4%
El caso de los rifles .50
Uno de los apartados más inquietantes del informe es el dedicado a los rifles calibre .50. Estas armas, capaces de perforar blindaje y disparar con precisión a más de un kilómetro, tienen un mercado civil reducido en EE.UU. Sin embargo, son altamente codiciadas por organizaciones criminales mexicanas.
El ejército mexicano reportó la confiscación de 140 rifles Barrett .50 en 2025. Si se proyecta la tasa de decomiso sobre el volumen estimado de armas traficadas, unas 135,000 al año desde EE.UU. hacia México, el número real de rifles .50 que cruzan la frontera podría ser significativamente mayor. La disponibilidad legal en 46 estados facilita ese flujo.
No se trata de piezas marginales: son armas diseñadas para escenarios de guerra, hoy forman parte de las disputas territoriales entre cárteles y en los enfrentamientos contra fuerzas del Estado.
Armas no rastreadas: la parte invisible
Otro hallazgo relevante es que solo una fracción de las armas recuperadas fuera de Estados Unidos logra ser rastreada hasta una venta minorista específica. En México, el 53% de las armas identificadas como de origen estadounidense fueron vinculadas a una compra realizada entre 2020 y 2024. En Centroamérica, esa proporción es considerablemente menor.
Las razones incluyen números de serie alterados, información incompleta o exportaciones legales previas. Esto implica que los datos disponibles, por sólidos que parezcan, probablemente representan solo una parte del universo real del tráfico.
Violencia que cambia de forma
Aunque el gobierno mexicano ha destacado reducciones en homicidios, el informe advierte que la violencia no ha desaparecido: se ha transformado. Las desapariciones forzadas (mediante el uso de armas) han aumentado de significativamente en los últimos años, y algunas muertes violentas se reclasifican en categorías menos visibles en las estadísticas oficiales.
El flujo constante de armas desde Estados Unidos sigue siendo un factor estructural en esa dinámica.
Más allá de la frontera
La conclusión central del informe es estratégica: el problema no se resuelve únicamente en la línea fronteriza. Dado el volumen de comercio legal entre ambos países, la interdicción en el cruce tiene límites evidentes. El punto crítico está “corriente arriba”: en la regulación del mercado, en los controles de venta y en la supervisión de fabricantes y distribuidores.
Los datos no son abstractos. Dibujan una ruta clara, Arizona-Sonora-Sinaloa, y muestran cómo las decisiones regulatorias en un estado estadounidense pueden tener efectos directos en la intensidad de la violencia al otro lado de la frontera.
Hablar de “corredores de la violencia” ya no es una metáfora, sino una descripción sustentada en datos de trazabilidad, códigos postales y fechas de compra. Y obliga a situar el foco del problema donde se origina, no únicamente donde estalla.
